Solicitan investigar una posible red de explotación sexual asociada a videos de una oficial de policía
Investigación sobre la oficial suspendida
El reciente caso de la oficial Nicole V., quien fue suspendida por grabar videos eróticos mientras vestía el uniforme de la Policía de la Ciudad, ha generado nuevas inquietudes.
Un abogado ha solicitado a la Justicia Federal que se investigue el incidente como un posible caso de trata de personas con fines de explotación sexual. Esta petición judicial se produce pocos días después de que la fuerza de seguridad decidiera apartar a la joven por conducta «indecorosa», tras la viralización de videos en TikTok e Instagram, donde se la aprecia bailando y jugando al pool, todo mientras lucía el uniforme reglamentario.
Detalles de la denuncia
Hasta ahora, el asunto se manejaba en el ámbito de un expediente administrativo. No obstante, el abogado Rodrigo Tripolone considera que lo que se observa en las redes sociales no puede ser tratado únicamente como una infracción disciplinaria. En su denuncia, subraya que existen «indicios de un entramado más complejo» y pide que se actúe «de manera urgente».
La denuncia, presentada ante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, sostiene que la policía suspendida sería el núcleo de varias cuentas en redes sociales que comparten contenido erótico en forma monetizada, algunas de las cuales muestran colaboraciones con otras mujeres jóvenes.
Preocupaciones sobre la posible explotación
El abogado expresó su inquietud por el morbo del público que parece no comprender la gravedad de la situación. «Habría una o varias víctimas en situaciones de vulnerabilidad. Seguramente que detrás funcione una organización que capte personas con fines de explotación sexual. Hay que tener más conciencia», alertó.
Tripolone apunta que la agente aparece en numerosos videos usando el uniforme completo, con insignias visibles, lo que contribuye al atractivo de dichas cuentas. Además, su biografía en Instagram incluye un enlace a una plataforma de contenido pago, un aspecto que también ha llamado la atención del abogado.
Colaboraciones y patrones sospechosos
En el escrito, se menciona que la oficial se muestra junto a otras jóvenes, incluyendo a una conocida como Janice S., que cuenta con más de 500,000 seguidores, y Isabella S., con más de 200,000 seguidores. Ambas habrían participado en la creación de contenido con la policía suspendida en un entorno similar, que el abogado identifica como un barrio privado en la provincia de Buenos Aires, sugiriendo así una posible coordinación y planificación de un modelo económico organizado.
El abogado también señala que al menos un hombre aparece en algunos de los videos, lo que podría indicar una red más amplia.
Acciones judiciales y administrativas
La denuncia no descarta que haya participación de mujeres extranjeras o menores de edad, lo cual se debe verificar «con urgencia». Se destaca que el uso del uniforme policial podría ser un medio para captar o legitimar este tipo de actividades.
La situación se complica aún más debido a que Nicole V. ya estaba de licencia médica por «estatus convulsivo» y a la espera de una junta médica cuando sus videos se hicieron virales, aunque ella continuaba activa en redes sociales, promocionando una cuenta de OnlyFans. En esta plataforma, se presenta como «morocha, oficial de la policía argentina» y promete un «lado más atrevido» en su contenido privado.
Implicaciones para el futuro del caso
La Policía de la Ciudad determinó que la conducta de la agente afecta el prestigio institucional y que el uso del uniforme infringe la Ley 5688 de Seguridad Pública, lo que resultó en su suspensión mientras se evalúa su reincorporación.
La nueva denuncia busca llevar el asunto al ámbito federal. Entre otras medidas, se solicita preservar todo el contenido de las cuentas involucradas en Instagram, TikTok, Telegram y X, identificar a los usuarios y determinar la identidad de todas las mujeres presentes en los videos, ofreciéndoles protección conforme a la Ley de Trata. También se demanda que la Policía de la Ciudad proporcione el legajo de la agente y detalles sobre su estatus administrativo.
El juez federal que reciba el caso deberá decidir si los indicios presentados justifican la apertura de una investigación formal, lo que podría traducirse en un proceso penal contra la oficial por posible captación, facilitación o explotación sexual bajo la apariencia de «contenido erótico casero».
