El Gobierno acelera la aprobación del Presupuesto 2026 con acuerdos provinciales
Presupuesto 2026: Urgente sanción requerida
El Gobierno argentino se encuentra bajo presión para sancionar la ley del presupuesto 2026 antes del 31 de diciembre, con el fin de evitar una tercera prórroga consecutiva del presupuesto actual. Esta situación resaltaría los desafíos que enfrenta el oficialismo en sus negociaciones con los gobernadores. Consciente de la urgencia, el Ejecutivo ha comenzado a establecer acuerdos con diversas provincias, confiando en que podrá cumplir con el objetivo, aunque persiste la incertidumbre acerca del costo de dichos pactos.
Calendario y negociaciones en marcha
La discusión sobre la iniciativa iniciará en la Cámara de Diputados el 15 de diciembre, tras la conformación de la Comisión de Presupuesto. El presidente de esta comisión, Martín Menem, tiene la intención de llevar el proyecto al recinto para su media sanción dos días después, seguido de su envío al Senado. Simultáneamente, se constituirá la Comisión de Legislación Penal para avanzar en el proyecto de Inocencia Fiscal, diseñado por el Ministerio de Economía para estimular a la población a retirar sus dólares ahorrados y fomentar así el consumo y la inversión.
En la Cámara alta, también comenzará la discusión sobre la modernización laboral, cuyo contenido final aún no está definido. Mientras Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, buscará acelerar este proceso, el oficialismo considera que, dada su complejidad, es probable que este tema se aborde en las sesiones extraordinarias programadas para enero y febrero.
Prioridades del Gobierno y desafíos en las negociaciones
La principal prioridad del Gobierno es asegurar la sanción del presupuesto para enviar una señal positiva de gobernabilidad a los mercados, a la administración de Estados Unidos y a los organismos de crédito internacionales. La rapidez en el tratamiento del proyecto dependerá de los acuerdos establecidos con los gobernadores. Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli, trabajan contrarreloj, confiando en que la ley será aprobada. Sin embargo, su desafío es prevenir que la oposición introduzca cláusulas que amenacen el equilibrio fiscal durante la discusión de los artículos.
Desde el oficialismo advierten: «Ese punto –el equilibrio fiscal- no se negocia. Cualquier artículo que implique un costo fiscal sin su correspondiente financiamiento será vetado». Con el cambio parlamentario, los libertarios garantizan un tercio de los votos necesarios para respaldar estos vetos.
Demandas de las provincias y situación actual
Las demandas de los gobernadores varían en costo fiscal. Algunas están condicionadas a la aprobación del Poder Ejecutivo, como la autorización para que las provincias busquen financiamiento en el mercado. La última série de garantías nacionales significativas para provincias se realizó en marzo pasado. Tras la disminución del riesgo país, los pedidos se han multiplicado, y el ministro de Economía, Luis Caputo, ha comenzado a agilizar estos trámites, priorizando a las provincias aliadas y las votaciones que puedan aportar en el Congreso.
- Recentemente, el gobierno de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires logró colocar US$600 millones a una tasa del 7,8%
- El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, emitió US$810 millones a una tasa del 8,1% a nueve años
- Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, obtuvo avales para buscar financiación externa
- Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, consiguió la contragarantía de la Nación para un crédito de US$75 millones para proyectos de agua potable
El Gobierno también ha incluido en el temario de sesiones extraordinarias la reforma de la ley de Glaciares, una solicitud de diversas provincias que buscan atraer inversiones mineras. Las provincias de Catamarca, San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy están entre las que han reclamado esta medida para facilitar las inversiones en minería.
Situación financiera y prometidas medidas
La situación financiera se complica por las demandas de las 13 provincias cuyos fondos previsionales no fueron transferidos a la Nación. Desde la llegada del nuevo gobierno, la Anses paralizó las transferencias obligatorias, dejando a Entre Ríos y Córdoba como las únicas que han recibido algún giro tras conflictos legales.
El presupuesto propone una partida de $122.763 millones para estas transferencias, cifra insuficiente a juicio de los gobernadores, quienes exigen unos $900.000 millones para cubrir los déficits. El Gobierno aún no ha especificado cómo se abordará este reclamo, aunque son conscientes de la necesidad de una solución pronta que podría sumar apoyo de las provincias disidentes.
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, también espera que se incluya el pago del 1,55% de coparticipación, acordado tras un fallo de la Corte Suprema, y cubrir la deuda atrasada desde agosto. La resolución de este conflicto es esencial para asegurar el apoyo del bloque PRO, pero hasta ahora no se han alcanzado avances concretos.
Se están programando reuniones para la próxima semana entre los equipos técnicos del gobierno porteño y nacional. Se ha filtrado que durante un encuentro con Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Macri propuso el pago de su deuda a través de la transferencia de bienes o propiedades nacionales. Sin embargo, no ha recibido respuesta, aunque los libertarios han mostrado señales de conciliación al apoyar en la Legislatura porteña el presupuesto 2026 presentado por Macri.
Conclusiones y expectativas
La próxima semana será crucial para cerrar las negociaciones en curso. El objetivo principal es sancionar el presupuesto sin ceder a presiones que alteren el equilibrio fiscal. Mientras los libertarios aspiran a aprobar la ley con una amplia mayoría, los más pragmáticos prefieren mantener expectativas moderadas, insinuando: «Vamos a festejar aunque saquemos la ley por un voto de diferencia».
