El Congreso cierra 2025 con solo 11 leyes aprobadas, el nivel más bajo en una década

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Producción legislativa en su punto más bajo

El período ordinario de sesiones del Congreso nacional culminó en 2025 con un total de 11 leyes sancionadas, marcando así la menor producción legislativa en el transcurso de los últimos diez años. Este bajo resultado indica no solo la escasez de normas aprobadas, sino también refleja las dificultades del oficialismo para establecer acuerdos, la debilidad del bloque de La Libertad Avanza, así como una oposición que supo imponer su agenda y las crecientes tensiones entre el Gobierno de Javier Milei y el Parlamento. Este análisis fue presentado en el Balance 2025, elaborado por Directorio Legislativo (DL).

Bajo rendimiento en el contexto de un año complejo

Durante el año, el Congreso realizó 22 sesiones, de las cuales aproximadamente la mitad fueron especiales, reflejando un funcionamiento marcado por negociaciones fragmentadas y la incapacidad de sostener una agenda regular. Así las cosas, la actividad parlamentaria estuvo más orientada a procedimientos que a amplios consensos, avanzando gracias a la presión más que por acuerdos previos.

  • El uso intensivo de emplazamientos a comisión también se destacó, con un total de 20 emplazamientos registrados en 2025, en contraste con los máximos de tres en años previos.
  • Estas medidas fueron utilizadas por la oposición para forzar la consideración de proyectos que el oficialismo intentaba posponer.

Este ambiente resultó en un Congreso que operó mayormente como un mecanismo de control y resistencia ante el Poder Ejecutivo. La oposición no solo promovió todas las iniciativas que lograron ser aprobadas, sino que también condicionó al Gobierno mediante vetos revertidos y decretos rechazados.

Un año de confrontación institucional

El informe de DL confirmó que de las 11 leyes sancionadas, tres fueron acuerdos internacionales provenientes de administraciones anteriores, mientras que ocho provenían de propuestas de la oposición. No se registraron leyes impulsadas por el oficialismo.

El conjunto normativo del período incluyó la declaración de emergencia en Bahía Blanca, ajustes a jubilaciones, la Emergencia en Discapacidad, modificaciones en los Aportes del Tesoro de la Nación a provincias, financiamiento de universidades nacionales, la Emergencia en Salud Pediátrica y la conocida como Ley Nicolás.

Este panorama dejó en evidencias la incapacidad del Gobierno para avanzar con su propia agenda legislativa, dado que su debilidad numérica en ambas cámaras limitó su estrategia y priorizó el bloqueo de iniciativas desfavorables, en lugar de la creación de mayorías para sus propios proyectos.

Reacción del Gobierno y del Congreso

La respuesta del Poder Ejecutivo ante este contexto fue la utilización del veto. De las 11 leyes sancionadas, siete recibieron veto, y en tres casos el Congreso logró revertir la decisión presidencial, lo que intensificó el conflicto entre ambos poderes y consolidó el papel del Congreso como contrapeso institucional.

La tensión institucional también se hizo evidente en el control de los decretos de necesidad y urgencia, con cinco DNU rechazados de un total de 33, dando cuenta de un cambio en la dinámica de validación de decisiones del Ejecutivo por parte del Parlamento.

Proyecciones a futuro

El balance de 2025 muestra un Congreso claramente opositor, donde se emplearon tanto herramientas tradicionales como mecanismos novedosos para limitar la acción del Ejecutivo, impactando directamente en la productividad legislativa. Sin embargo, el informe de DL indica que la situación podría transformarse con el período extraordinario convocado por Milei para el resto de diciembre, sugiriendo que la nueva composición del Congreso tras las elecciones de octubre podría ofrecer un escenario más favorable para el Gobierno.

  • En los próximos dos años, se esperan dos bloques mayoritarios en la Cámara Baja: el de LLA en alianza con el PRO, que suma 95 legisladores, y Fuerza Patria con 93 diputados.
  • En la Cámara Alta, el interbloque de LLA cuenta con 21 senadores, posicionándose como segunda minoría detrás del peronismo, que tiene 28 miembros.

De lograrse alianzas, el oficialismo podría cambiar su estrategia de una defensa reactiva hacia una más propositiva, lo que definirá el desempeño legislativo del año 2026, dependiendo de su capacidad para transformar esta nueva correlación de fuerzas en acuerdos concretos.

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