Malestar y desconfianza entre gobernadores por cambios en el Presupuesto 2026
Cambios de último momento en el Presupuesto 2026
El Gobierno enfrentó un revés político que se extendió más allá de la caída de un capítulo del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. La inclusión tardía del Capítulo XI, que proponía la derogación de la Ley de Discapacidad y de Financiamiento Universitario, provocó el descontento de varios gobernadores que habían respaldado a Javier Milei tras semanas de negociaciones.
El resultado fue el apoyo al presupuesto en términos generales, pero con una nueva limitación que llevó a la eliminación de este segmento crucial. La situación dejó heridas abiertas, ya que en las provincias aliadas se sostiene que el Ejecutivo repitió una dinámica que había generado tensiones en discusiones anteriores: acordar un marco y modificarlo al final. Esto explica por qué múltiples mandatarios instruyeron a sus diputados a no respaldar el capítulo, a pesar de haber facilitado el avance del proyecto en términos generales.
Situación en el Senado y desconfianza entre gobernadores
Una vez que el capítulo fue rechazado, el Presupuesto pasó al Senado, que emitió su dictamen tal como lo recibió de la Cámara Baja, sin cambios. La incertidumbre sobre el eventual incumplimiento de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario aumentó la desconfianza entre los gobernadores que habían estado dialogando con el Gobierno.
El Capítulo XI fue visto en las provincias como una respuesta a la presión por mantener el equilibrio fiscal, dado que derogarlo implicaba un ahorro previsto de alrededor del 0,5% del PBI. Sin embargo, los gobernadores resaltaron que se avanzó sin previo aviso y fuera de los márgenes acordados, sobre temas sensibles, cuyas leyes habían sido sostenidas por legisladores locales. La modalidad de votación por capítulos complicó la situación, ya que concentró varios artículos en un solo bloque, resultando en un rechazo total.
Consecuencias políticas y preocupaciones en el manejo de fondos
A pesar de que tuvieron apoyo en el Presupuesto general, los diputados de provincias como Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones, Neuquén y del bloque de Provincias Unidas votaron en contra, enviando un mensaje coordenado: no estaban dispuestos a validar este tipo de maniobras. Según fuentes, se consideró que fue un error político evitable no solo por el contenido del capítulo, sino por la forma en que se introdujo.
En septiembre, el Gobierno intentó mejorar su relación con los gobernadores mediante transferencias de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En diciembre, se distribuyeron cerca de $66.500 millones, beneficiando a provincias como Tucumán con $20.000 millones, y Misiones con $12.000 millones. Sin embargo, este reparto no fue suficiente para asegurar el apoyo al capítulo cuestionado.
Advertencias y un contexto tenso con el PRO
El Senado mantuvo la versión de Diputados y excluyó el capítulo rechazado. El oficialismo espera sancionar el presupuesto sin abrir de nuevo esta discusión, consciente de que otro intento de modificación podría exacerbar conflictos con los aliados. Aunque los gobernadores podrían acompañar el proceso final, destacaron que lo ocurrido ha encarecido su respaldo futuro, lo que requiere que el Gobierno reconstruya la confianza para mantener mayorías en debates venideros, como la reforma laboral.
Además, las negociaciones sobre los cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN) sumaron tensión, ya que el PRO acusó al oficialismo de negociar a espaldas de otros bloques y presentó un recurso judicial. Para los gobernadores dialoguistas, este conflicto reflejó un modo de negociar que ha perjudicado las relaciones con aliados, ampliando la desconfianza ante un escenario más complicado y con un apoyo ahora condicionado.
