Milei condiciona su agenda parlamentaria a la aprobación del Presupuesto 2026 con enfoque educativo
Condiciones para el Presupuesto
El Gobierno argentino centra sus expectativas en la votación del Presupuesto 2026 que se llevará a cabo hoy en el Senado. La administración planificará su hoja de ruta para enero dependiendo del resultado de esta votación en la Cámara Alta, antes del receso por fin de año que se otorgará a los ministros.
Desde el ámbito oficial, aseguran contar con más de cuarenta votos a favor de la sanción del presupuesto general, aunque advierten que podrían surgir cambios en su tratamiento por capítulos.
Futuro incierto del presupuesto
Si el proyecto se aprueba sin modificaciones, la Casa Rosada tiene previsto retomar las sesiones extraordinarias en la última semana de enero, probablemente a partir del día 26. Sin embargo, si la oposición logra imponerse y el texto regresa a Diputados, el Gobierno tiene la decisión de extender estas sesiones hasta la primera semana de enero.
En el oficialismo reconocen que «el final es incierto. Hasta que los senadores no estén sentados y voten, no podemos dar nada por hecho». La relación con el escenario en la Cámara Alta será monitoreada por la mesa política del presidente para activar negociaciones en tiempo real, en caso de que se alteren los acuerdos existentes.
Asistencia clave en el Senado
Los funcionarios que estarán presentes en el Congreso incluyen al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Además, no se descarta la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, es quien ha conseguido reunir los votos necesarios.
Preocupaciones sobre el capítulo educativo
La situación es volátil, lo que ha llevado a los cercanos al presidente a manifestar que «puede pasar cualquier cosa«. La principal preocupación se centra en el capítulo educativo del presupuesto, que contempla la derogación de normas sobre financiamiento obligatorio para educación, ciencia, tecnología y defensa.
Un artículo que ha suscitado resistencia significativa es el que propone eliminar el 6% del PIB destinado a inversión educativa, lo que podría generar modificaciones a raíz de la oposición. Lo mismo ocurre con las normativas que establecen metas graduales de inversión en ciencia y tecnología.
Planificación en caso de rechazo
El Ejecutivo mantiene una postura firme, asegurando que la instrucción presidencial es que el presupuesto se apruebe tal como se presenta, aunque no descartan algunos cambios parciales. Además, buscan enviar un claro mensaje de control político y fiscal al mercado antes de enfrentar vencimientos de deuda del 9 de enero que superan los 4.000 millones de dólares.
A la par, la Casa Rosada desarrolla planes de contingencia respecto al esquema de gasto. Los equipos técnicos del gabinete están elaborando un decreto para reasignar partidas en caso de rechazo al capítulo once del presupuesto, el cual preveía la derogación de leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. «No va a haber déficit y los aumentos serán a nuestro gusto», concluyen.
