El gobierno de Javier Milei oficializa la salida del Estado del YMAD
Retiro del Estado del YMAD
El Poder Ejecutivo Nacional ha formalizado este lunes el retiro definitivo del Estado nacional de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), a través de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2026 en el Boletín Oficial. Esta decisión ratifica un acuerdo modificatorio del histórico Acta del Farallón Negro y introduce cambios significativos en la Ley 14.771, que regula el funcionamiento de este ente minero.
Acuerdo y modificación de la estructura
De acuerdo con el texto oficial, el decreto valida el «Acuerdo Modificatorio del Acta del Farallón Negro», suscrito el 15 de diciembre de 2025 entre el Estado nacional, la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. Este acuerdo establece el cese de la participación del Estado nacional en la gestión de YMAD y el deslinde de cualquier responsabilidad futura que pudiera afectar los recursos del Tesoro Nacional.
A partir de esta reforma, la composición de YMAD cambiará, quedando en un 60% bajo la gestión de la Provincia de Catamarca y un 40% bajo la Universidad Nacional de Tucumán, sin participación estatal. El decreto también indica que las partes pueden acordar su eventual retiro del ente o la inclusión de nuevos miembros mediante una transferencia total o parcial de sus participaciones.
Cambios en el directorio y normativas
Además, se ha modificado la composición del directorio de YMAD: el presidente y dos vocales serán designados por la Provincia de Catamarca, mientras que los otros dos vocales serán elegidos por la Universidad Nacional de Tucumán. Se elimina así la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para designar al titular del organismo.
Asimismo, el decreto redefine el marco legal de YMAD, estableciendo que sus relaciones con terceros se regirán por el derecho privado, y actualiza los mecanismos de compras y contrataciones, que deberán ahora adherirse a principios de publicidad y competencia de precios.
Justificación del gobierno
El Gobierno ha justificado esta decisión como una medida necesaria para reducir el déficit fiscal, evitar posibles compromisos financieros del Tesoro y avanzar en la racionalización del Estado. Según el comunicado, “han dejado de existir” las razones que motivaron la participación del Estado en la actividad minera.
Esta norma entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial y será enviada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre la validez del DNU, según lo estipulado por la Ley 26.122.
