La SIGEN revela serias irregularidades en Corredores Viales y pérdidas superiores a $30 mil millones
Investigación de la SIGEN sobre Corredores Viales
Un informe elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ha puesto de manifiesto importantes irregularidades en la gestión de Corredores Viales S.A., la entidad estatal responsable de la administración de cerca de 6.000 kilómetros de rutas nacionales. De acuerdo con el documento, la empresa registró pérdidas que superan los $30.000 millones durante el año 2022, en el marco del gobierno de Alberto Fernández, en medio de severas irregularidades administrativas y fallos en los controles internos.
Consecuencias de la mala gestión
La administración ineficaz de Corredores Viales S.A. llevó a la intervención de la empresa, acción ordenada por el actual presidente Javier Milei, y resultó en una denuncia penal que está siendo tratada por el juez federal Ariel Lijo. Además, el Gobierno ha iniciado un proceso de privatización total de la compañía, con el objetivo final de su disolución.
Creación y evolución de Corredores Viales
Corredores Viales S.A. fue constituida en 2017 bajo el mandato de Mauricio Macri mediante el Decreto 794/17, con el fin de administrar corredores de peaje estratégicos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, se ha transformado en un organismo deficitaria, opaco y oneroso, según los propios documentos oficiales.
- Administra alrededor de 5.900 kilómetros de rutas nacionales en diversas provincias.
- Al finalizar 2022, contaba con un plantel de 4.097 empleados.
- Su capital está dividido entre el Ministerio de Obras Públicas (51%) y la Dirección Nacional de Vialidad (49%).
Pérdidas alarmantes
Uno de los hallazgos más impactantes del informe es la pérdida neta de $30.047.931.000 en 2022, cantidad que es más del doble del déficit registrado en 2021, que fue de $12.852 millones. En contraste, el tránsito por las 42 estaciones de peaje vio un incremento del 17,2% interanual, alcanzando cerca de 196 millones de vehículos, pero los ingresos por peajes cayeron un 7% debido, en parte, a un atraso en las tarifas.
El margen bruto sobre ventas fue negativo en un 49%, evidenciando que los costos operativos sobrepasaron a los ingresos. Para mitigar los efectos de esta situación, el Tesoro Nacional transfirió $14.619 millones durante ese periodo para cubrir gastos corrientes y obras de capital.
Fallas en el control interno
La SIGEN fue contundente al señalar que la empresa presenta debilidades significativas en su sistema de control interno, especialmente en áreas como compras, recaudación y administración de recursos humanos. Se identificaron más de $128 millones en gastos asociados a la anterior concesionaria AEC S.A., sujeta a revisión judicial, así como retrasos en la modernización del sistema de cobro de peajes.
Reacciones y perspectivas futuras
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) ha expresado su preocupación respecto a la situación de Corredores Viales. Su director ejecutivo, Jorge Zatloukal, afirmó: «Es una empresa cara e ineficiente. El 70% de la red vial está en condiciones pésimas y existe opacidad en la gestión». Zatloukal también destacó la necesidad de retornar a buenas prácticas en la administración vial.
Intervención y privatización en curso
En abril de 2025, debido al cúmulo de irregularidades, Milei decidió intervenir Corredores Viales, designando a Anastasia María Adem para liderar el proceso. Sus responsabilidades incluyen realizar auditorías y evaluar el estado operativo de la firma. Este movimiento se complementa con el Decreto 97/2025, que autoriza la privatización total de la empresa.
La privatización busca asignar al sector privado los tramos de ruta que actualmente gestiona Corredores Viales, en un proceso que deberá realizarse a través de contratos de concesión de obra pública. Este plan tiene como finalidad reducir la intervención estatal, atraer inversión privada y mejorar la red vial, al tiempo que se espera un ahorro fiscal considerablemente notable.
Mientras tanto, Corredores Viales permanece bajo intervención, sometida a investigación judicial y se convierte en un emblema de una gestión que erosionó las finanzas y dejó las vías en estado de deterioro.
