Conflicto por las tasas municipales: empresas alimenticias y supermercados exigen acciones al Gobierno

La disputa por las tasas municipales se intensifica

Tras la aprobación de la reforma laboral, las empresas de consumo masivo han renovado sus demandas para reducir los impuestos. En esta ocasión, tanto fabricantes de alimentos como supermercados han criticado el incremento en las tasas municipales impuesto por varios intendentes de la provincia de Buenos Aires. Han solicitado al Gobierno que dé prioridad a una reforma tributaria que controle estos aumentos y, así, logre abaratar precios en sus productos.

Reacción del sector alimenticio

La Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios (Copal), que agrupa a las principales empresas del rubro, subrayó la necesidad de una reforma que alivie la carga fiscal y evalúe el impacto de todas las tasas municipales. La entidad aplaudió la iniciativa del Gobierno de transparentar estas tasas a través de un nuevo portal oficial relacionado con la Transparencia Tributaria. «Avanzar en previsibilidad y claridad fiscal es un paso positivo», afirmaron en relación al mapa público de consulta y el canal de denuncia de excesos dispuesto por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete.

Perspectiva de supermercados

Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que reúne a las más importantes cadenas, consideraron favorable la medida del Gobierno. Además, insistieron en que la reforma fiscal nacional debe acompañarse de una reducción y eventual eliminación de tributos subnacionales, incluyendo Impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, y tasas municipales. «Informar a la ciudadanía sobre la incidencia de estos tributos es esencial para alcanzar este objetivo en cada provincia y municipio», señalaron, recordando un caso llevado el año pasado a la Corte.

Peso de los impuestos en los precios finales

Según Copal, los impuestos constituyen el 38,8% del precio final de los alimentos, mientras que el 61,2% restante corresponde a costos y rentabilidad. Los tributos que impactan en el precio final que paga el consumidor incluyen:

• IVA (12,3%)
• Contribuciones a la seguridad social (9,8%)
• Ingresos Brutos (8,4%)
• Ganancias (4,5%)
• Impuesto al cheque (2%)
• Tasas municipales (1,8%)

Para las bebidas, el porcentaje de impuestos es aún mayor, alcanzando el 42,7%, mientras que el restante 52,8% son costos y rentabilidad. El desglosado incluye IVA (16,78%), aportaciones a la seguridad social (9,09%), Ingresos Brutos (7,59%), Ganancias (7,09%), Impuestos Internos (3,20%), Impuesto al cheque (1,8%) y tasas municipales (1,70%). Es importante resaltar que, a pesar de la eliminación del impuesto interno para otros bienes mediante la reforma laboral, este aún se aplica a las bebidas alcohólicas.

Cuestionamiento a las tasas municipales

Entre las tasas más criticadas se encuentra la de Inspección, Seguridad e Higiene, que provocó recientemente una controversia tras el aumento decretado por el intendente de Pilar, Federico Achával, lo que llevó a los supermercados de la localidad a elevar sus precios como consecuencia de su rol como agentes de percepción. Copal advirtió que el costo de estas tasas debería corresponderse con los servicios efectivamente proporcionados por los municipios, algo que no siempre se cumple, ya que muchas veces no hay proporcionalidad razonable con su costo y, en ocasiones, carecen de contraprestación.

La determinación de estas tasas se ha generalizado en función de las ventas, lo que genera montos que superan ampliamente el costo del servicio y representa una importante fuente de recaudación, igualando en recaudación a los derechos de importación y superando los impuestos a la propiedad provincial. Además, se criticaron las «aduanas interiores» impuestas por algunos intendentes, quienes cobran tasas por la introducción de productos en sus municipios, originando así una superposición de controles. «Los municipios pueden realizar inspecciones en los puntos de venta, pero no en el tránsito de alimentos, lo que origina duplicación de competencias. Ya existen normas establecidas en el Código Alimentario Argentino para regular esta situación», concluyeron.