Conocé la fecha de la gran marcha universitaria de mayo 2025
Cuarta marcha federal universitaria
La cuarta marcha federal universitaria ha sido programada para el martes 12 de mayo de 2025. Esta movilización, organizada en gran parte por la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), busca exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y se llevará a cabo en diversos puntos del país, con una concentración principal frente a la Casa Rosada.
Contexto histórico del reclamo
Este pedido de mejora en los recursos para las universidades públicas se remonta a abril de 2014, cuando se realizó la primera marcha masiva para solicitar más fondos. En aquel entonces, el enfoque se centró en la necesidad de una actualización de los gastos operativos de las instituciones educativas, que representan cerca del 10% de los recursos que reciben mensualmente.
- Aproximadamente el 90% se destina a salarios, los cuales se renegocian a través de paritarias.
- El gobierno nacional, motivado por estas manifestaciones, aceptó un aumento del 270% en los fondos pedidos por el sistema universitario.
Situación actual y tensiones con el Gobierno
La Ley de Financiación Universitaria, aprobada en 2025, obliga al Gobierno a incrementar los fondos destinados a las universidades y establece una recuperación salarial desde 2023. Sin embargo, su implementación ha sido suspendida hasta que el Congreso de la Nación defina las fuentes de financiamiento. A pesar de que tanto la Cámara de Diputados como el Senado han anulado esta suspensión, el Poder Ejecutivo aún no ha aplicado la ley.
Este año, se prorrogará el mismo presupuesto que se tuvo en 2023, ya que el de 2024 no fue aprobado. Además, los salarios de los docentes universitarios son los más bajos en 23 años, con una pérdida de poder adquisitivo de aproximadamente 34%.
Reacciones del Gobierno
El Ejecutivo ha mantenido firme su postura en cuanto al cumplimiento de esta normativa, incluso llevando el caso a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario para evitar el ajuste de salarios y programas de becas, tal como lo ordenaron dos fallos judiciales. Insiste en que la ley no especifica su financiamiento, afectando la macroeconomía y estabilidad del país.
Un estudio del Ministerio de Economía sugiere que cumplir con la ley implicaría la reestructuración del 90,3% de los créditos destinados a gastos primarios del Estado, lo que podría resultar en una parálisis significativa de los tres poderes del Estado, incluyendo la suspensión de patrullajes en Rosario y el cierre de los juzgados federales.
Además, se ha solicitado que algunos jueces se excusen de votar en este expediente debido a sus vínculos con cargos docentes, lo cual es respaldado por la ley de medidas cautelares contra el Estado promovida por Cristina Kirchner. Actualmente, el oficialismo está considerando renovar su propuesta de ley para modificar la actual y así reducir su impacto fiscal, la cual fue presentada en Diputados durante las sesiones extraordinarias en febrero.
