La CIDH prosigue su acción contra Argentina por el conflicto de tierras mapuches en Villa La Angostura
El avance de la CIDH en el caso mapuche
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al canciller Pablo Quirno sobre el progreso de una denuncia que fue presentada hace más de quince años por la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao contra el Estado argentino. En una comunicación diplomática fechada el 13 de agosto y enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores, el organismo expresó sus observaciones sobre el fondo de la cuestión planteada por la parte denunciante y estableció un plazo de cuatro meses—hasta el 13 de diciembre, con posibilidad de prórroga de hasta otros seis meses (hasta el 13 de febrero de 2027)—para que el Gobierno aporte su respuesta.
En caso de que no se reciba una respuesta dentro de este periodo, la CIDH advirtió que podrá emitirse un pronunciamiento basándose únicamente en la documentación presente en el expediente.
Un conflicto arraigado en la historia
La comunidad Paichil Antriao ha ocupado diferentes terrenos públicos y privados en la zona de Villa La Angostura, específicamente a orillas del lago Correntoso y en las proximidades del cerro Belvedere. Sus miembros afirman que un lote pastoril de 625 hectáreas, que fue entregado en 1902 durante la presidencia de Julio Argentino Roca, ha sido gradualmente absorbido por el crecimiento urbano, de modo que en la actualidad la comunidad ha conservado solo una pequeña fracción de ese territorio original.
El núcleo del reclamo radica en la suspensión del relevamiento territorial previsto en la Ley 26.160, que debería culminar en la entrega de un título de propiedad comunitaria. Según los representantes de la comunidad, los estudios técnicos—incluyendo trabajos de campo, informes antropológicos y planimetría—ya han sido completados, pero la resolución administrativa permanece pendiente en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Adicionalmente, la comunidad mantiene al menos diez disputas de tierras en la región, enfrentándose tanto a la municipalidad de Villa La Angostura como a particulares. Uno de los casos más notorios es el del camping del lago Correntoso, que ha estado ocupado desde 2011.
El 7 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso extraordinario interpuesto por la comunidad, utilizando el artículo 280 del Código Procesal, que permite rechazar casos sin un análisis profundo. El abogado de la comunidad, Virgilio Sánchez, criticó este procedimiento y anunció que la disputa se trasladaría “al plano internacional”.
La carta de la CIDH a la Cancillería se produce en este contexto. El organismo interamericano había reactivado el caso en abril, indicando que podría archivarlo si no se obtenían respuestas. En mayo, tomó la inusual decisión de abordar conjuntamente la admisibilidad y el fondo del caso, lo cual, según los abogados de la comunidad, podría anticipar un fallo desfavorable para el Estado argentino.
Si la CIDH determina que se han producido violaciones a los derechos humanos, emitirá un Informe de Fondo con recomendaciones al Estado. Esto generalmente incluye explorar una resolución amigable entre las partes, un esfuerzo que tanto la municipalidad como la comunidad han intentado anteriormente sin éxito.
El abogado ha reiterado la necesidad de establecer un espacio de diálogo entre las partes, aunque el municipio tiene reservas sobre la viabilidad de esta opción, basándose en antecedentes recientes que no resultaron exitosos.
