Propuesta de nueva legislación en salud mental: cambios en internaciones y otros aspectos fundamentales
Reforma en la legislación de salud mental
El Gobierno argentino está trabajando en una nueva ley de salud mental para reemplazar la actual, vigente desde 2010. La líder de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, ha mantenido tres reuniones virtuales con los ministros de Salud de las diferentes provincias. Durante estos encuentros, tanto legisladores de kirchnerismo como sus aliados han expresado dudas y preocupaciones al ministro de Salud, Mario Lugones, y a la presidenta de la comisión de Salud de la Cámara alta, Ivanna Arrascaeta. Los cambios más destacados del nuevo proyecto se centran en las internaciones, la disponibilidad de hospitales especializados y el papel de los profesionales de la salud.
Modificaciones clave en las internaciones
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto se refiere a la regulación de las internaciones de pacientes. La legislación actual (N° 26.657) establece que solo se puede internar a una persona de manera involuntaria en situaciones excepcionales, donde exista un «riesgo cierto e inminente» para ella o para otros, y cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio. Además, se exige que las internaciones sean lo más breves posibles.
En cambio, la nueva propuesta incluye el concepto de «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física», permitiendo que se considere la historia clínica del paciente y la proyección futura de su situación al evaluar este riesgo. Esto implicaría una mayor amplitud en el criterio de internación, pasando de evaluar solo un peligro inmediato a considerar la posibilidad de que un daño grave ocurra.
Desde el Gobierno argumentan que este nuevo enfoque podría ayudar a tomar decisiones antes de que se produzcan eventos trágicos como suicidios o actos violentos. Por otro lado, quienes se oponen a este cambio advierten que podría facilitar las internaciones involuntarias.
Decisiones sobre internaciones y hospitales psiquiátricos
Otro tema fundamental es quién tomará la decisión de internar a un paciente. Según la ley actual, es necesaria una evaluación interdisciplinaria junto con la firma de al menos dos profesionales, siendo uno de ellos un psicólogo o psiquiatra. La nueva ley, aún en proceso de revisión tras las recientes reuniones, podría otorgar un papel más central al psiquiatra, permitiendo que en circunstancias excepcionales, un solo médico pueda decidir sobre la internación, sujeto a revisión posterior.
Además, existe la preocupación sobre el posible fomento de los manicomios. La legislación vigente establece que las internaciones deben ser preferentemente en hospitales generales y prohíbe la creación de nuevos hospitales psiquiátricos monovalentes. Sin embargo, el proyecto del Gobierno propone que se permita la internación en hospitales psiquiátricos especializados, tanto públicos como privados, y eliminar la restricción para la creación de nuevas instituciones de este tipo. No obstante, los términos definitivos de esta sección aún están sin decidir, ya que se busca un consenso para avanzar.
Impacto en la autonomía del paciente y la familia
La reforma también aborda la autonomía individual. La legislación actual reconoce firmemente a la persona como un sujeto de derechos, incluyendo el derecho a decidir sobre su tratamiento y a recibir alternativas que restrinjan lo menos posible su libertad. Aunque el nuevo proyecto no elimina estos derechos, altera el balance entre autonomía e intervención, facilitando que el sistema pueda actuar en ciertas circunstancias, incluso si el paciente se opone a la internación.
Asimismo, se amplía el papel de la familia en este proceso. La ley actual considera a los familiares y allegados como importantes, pero no les otorga la facultad de decidir en nombre del paciente. La nueva propuesta busca reforzar la participación familiar, especialmente en contextos de riesgo, respondiendo así a las demandas de aquellas familias que a menudo se sienten desprotegidas durante crisis graves.
Reacciones y desafíos en la implementación
Este nuevo proyecto ha suscitado un intenso debate, ya que plantea una tensión entre las necesidades de intervención en crisis graves y las preocupaciones de organizaciones de derechos humanos que advierten sobre los peligros de flexibilizar las internaciones y de dar paso a instituciones que podrían regresar al modelo de encierro.
Actualmente, el proyecto se discute en las comisiones de Salud y Legislación General del Senado, donde se han presentado diversas críticas. Por ejemplo, algunos han señalado que la nueva ley podría depender en gran medida de los psiquiatras justo cuando el sistema ya enfrenta una escasez de estos profesionales. Desde la provincia de Buenos Aires, se ha cuestionado la forma en que se han convocado a las provincias para enriquecer el debate, sugiriendo que se necesita un enfoque más inclusivo que garantice la participación de todos en la formación del nuevo sistema de salud mental en el país.
