El Gobierno impulsa la actividad del Senado con la Ley de Salud Mental y el tratado de Patentes
Reactivación del Senado en octubre
El Gobierno tiene la intención de reactivar la labor del Senado a lo largo de octubre, presentando dos iniciativas que considera viables para avanzar: la nueva Ley de Salud Mental y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
Desde la Casa Rosada admiten que una gran parte de la agenda del Senado permanece estancada y han decidido no convocar, por el momento, a una nueva reunión de la comisión encargada de la reforma política. Esta estrategia implica desvincular la discusión electoral de los otros proyectos pendientes.
Negociaciones con gobernadores y bloques aliados
El oficialismo prefiere no reactivar la Comisión de Asuntos Constitucionales hasta alcanzar un consenso que garantice los votos necesarios para avanzar. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, lidera las negociaciones con los gobernadores y los bloques aliados.
- Aprobar la reforma antes de fin de año sigue siendo un objetivo político.
- Sin embargo, el curso de octubre ya no depende exclusivamente de ese expediente.
En el Gobierno creen que la Ley de Salud Mental y el PCT tienen más posibilidades de aprobarse mientras las discusiones sobre las PASO, la Boleta Única y otros cambios electorales continúan.
Avances del Tratado de Patentes
El PCT es el proyecto con mayor avance en el proceso parlamentario. En agosto, la Cámara de Diputados aprobó la adhesión al Treatado de Patentes con 147 votos a favor y 93 en contra; sin embargo, incluyó una reserva sobre el Capítulo II, lo que obliga a que el expediente regrese al Senado para completar su trámite.
Este tratado permite la presentación de solicitudes internacionales de patente, que luego pueden continuar su trámite en los países seleccionados Por el solicitante, sin reemplazar la decisión de las oficinas nacionales sobre la concesión de derechos de patentes. Argentina firmó este tratado en 1970, pero nunca llevó a cabo el proceso de ratificación interna.
Modificación de la Ley de Salud Mental
En cuanto a la Ley de Salud Mental, este proyecto fue enviado al Senado en la primera mitad del año y ha pasado por un largo proceso de audiencias y negociaciones. Este proceso ha generado diferencias entre especialistas, provincias y bloques legislativos respecto al régimen de internaciones.
La propuesta que maneja el oficialismo modifica las condiciones para las internaciones involuntarias, con nuevas precisiones sobre situaciones de riesgo y un enfoque más contundente hacia la intervención profesional y judicial. También establece normas sobre la duración de las internaciones, los planes de egreso, el tratamiento de adicciones, teleconsultas y directivas anticipadas.
Una de las modificaciones a estudiar sugiere que la internación involuntaria requiera la evaluación de al menos dos profesionales, uno de los cuales debe ser médico. Asimismo, se contempla que la intervención psiquiátrica pueda completarse de forma excepcional dentro de un plazo posterior si no hay disponibilidad inmediata. El texto también busca establecer controles periódicos y prevenir internaciones crónicas sin revisiones continuas.
Proyectos en espera
La intención de priorizar estos dos proyectos pone en pausa otras iniciativas que el Gobierno había incluido en la agenda del Senado. Propuestas como Super-RIGI, la reforma de la Ley de Sociedades, Hojarasca y los cambios en Etiquetado Frontal continúan atascadas, sin una fecha de votación definida.
La Casa Rosada se encuentra en un proceso de definición sobre qué iniciativas buscarán sancionar antes de diciembre y cuáles serán postergadas. La atención se centra especialmente en el Presupuesto 2027 y la reforma política. Desde el Gobierno se prevé que el presupuesto sea votado en Diputados en noviembre, lo que limitará el tiempo del Senado hacia el final del período ordinario.
El escenario ideal es finalizar diciembre con el Presupuesto y la reforma política aprobados, además de los proyectos que puedan desbloquearse en octubre. Hasta entonces, Santilli seguirá negociando con los gobernadores para asegurar los votos necesarios para las modificaciones electorales, evitando, al mismo tiempo, volver a la comisión sin un acuerdo previo.
