La hermana del presidente del PJ de Chubut enfrenta cargos por fraude en viviendas sociales
Imputación por estafas en la entrega de viviendas
La hermana del presidente del Partido Justicialista de Chubut, Vanesa Elizabeth Fita, ha sido imputada en una causa que investiga una serie de supuestas estafas relacionadas con la entrega de viviendas sociales. Junto a ella, otras cuatro mujeres también enfrentan cargos en esta situación que ha generado mucha polémica. Según las autoridades, Fita operaba bajo el supuesto respaldo del ex gobernador de la provincia, Mariano Arcioni. Fita es hermana de Gustavo Fita, presidente del PJ chubutense y actual diputado provincial.
Detalles de la estafa
La imputación presentada por el Ministerio Público Fiscal de Chubut detalla que las estafas habrían afectado a 594 familias, contabilizando un total aproximado de $59.400.000. Los hechos, ocurridos entre 2023 y 2024 en Comodoro Rivadavia, comenzaron en abril del 2023, cuando Fita ofreció adjudicaciones de casas que, supuestamente, estaban recuperadas o en construcción por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Los interesados debían realizar un depósito inicial de $100.000, de los cuales afirmaban que $80.000 eran para el IPV y $20.000 para la conexión eléctrica de las propiedades. En esta operación, Fita sumó a Lucía Miranda, María Victoria Curan y Gisela Mansilla como coordinadoras para gestionar la documentación personal y mantener el contacto con las víctimas.
- Las familias estafadas eran agregadas a grupos de WhatsApp donde se les proporcionaba información sobre adjudicaciones y fechas de entrega.
- Los pagos eran realizados en cuentas personales y billeteras virtuales de la última imputada, Lara Camila Páez.
Reuniones y problemas administrativos
Entre mediados de 2023 y principios de 2024, las acusadas organizaban reuniones presenciales en espacios públicos, evitando comprometerse a fechas específicas. Con el tiempo, las entregas de viviendas se retrasaron, con las acusadas justificando las demoras por diversos problemas administrativos y trámites ante el IPV.
Un testimonio reveló que Fita afirmaba contar con el apoyo directo de Mariano Arcioni y su secretaria para la asignación de las viviendas, aunque no se ha demostrado la participación del exgobernador en esta trama fraudulenta.
Después de múltiples incumplimientos, varias de las víctimas consultaron al IPV y confirmaron la falsedad de la situación. Esto llevó a que, el 5 de febrero de 2024, el concejal libertario Omar Lattanzio y otros vecinos afectados presentaran las primeras denuncias, que dieron inicio a la investigación.
El pedido de penas
El fiscal general de Chubut, Martín Cárcamo, tras años de investigación, ha solicitado que el caso sea elevado a juicio, acusando a Fita por delito de estafa por calidad simulada e influencia mentida. Las penas solicitadas oscilan entre 6 y 8 años de prisión para la principal acusada y entre 1 y 6 años de prisión para sus cómplices.
