Dueños de fondo ganadero en Uruguay argumentan que sequías y competencia les causaron perjuicios
La crisis de los fondos ganaderos en Uruguay
Los fondos ganaderos en Uruguay han experimentado una caída en cadena, afectando a numerosos inversores. Esta modalidad de negocio estaba enfocada en captar ahorros privados para la compra de ganado, ofreciendo a cambio una renta fija. La primera empresa que notificó a sus clientes sobre su incapacidad para realizar pagos fue el Grupo Larrarte, lo que desató una especie de corrida sobre el resto del sector.
Con el tiempo, otras compañías como República Ganadera, Conexión Ganadera y Portfolio Capital fueron declarando insolvencia. La atención mediática se ha centrado especialmente en Conexión Ganadera, que tenía alrededor de 4.300 clientes y cuya situación ha tomado tintes dramáticos. Sin embargo, la Justicia uruguaya ha comenzado a tomar medidas también contra las otras entidades afectadas.
Explicaciones ante la Fiscalía
Recientemente, los dirigentes de República Ganadera comparecieron ante la Fiscalía de Delitos Económicos para ofrecer aclaraciones sobre la estafa que impactó a sus clientes. Según lo reportado, los dueños atribuyeron la crisis a la sequía que afectó al país entre 2022 y 2023, así como a la caída del Grupo Larrarte, lo que provocó una pérdida de confianza en el sector de inversiones ganaderas.
La empresa, como describió su director, Nicolás Jasidakis, en 2018, utilizaba los fondos de los inversores para adquirir vacas preñadas. Con el ternero que nacía, se financiaban los pagos de renta y costos operativos. En aquel momento, la firma ofrecía un retorno fijo de entre 8% y 10%.
Situación actual y futuro incierto
De los 1.450 inversionistas que confiaron en República Ganadera, uno de los temas tratados en la audiencia fue la alarmante reducción de su stock de ganado, que disminuyó del 60% del inventario reportado, pasando de cerca de 65.000 a 22.000 cabezas. Además del propio Jasidakis, Mauro Musio también declaró ante la Justicia, señalando como responsables a los escritorios rurales que trabajaron para ellos, quienes fueron los encargados de la consignación.
El liderazgo de la empresa mencionó que una parte del ganado fue vendido debido a que pertenecía a inversores que optaron por retirarse, lo que generó una necesidad de liquidez. También argumentaron que las cifras reportadas incluían no solo vacas, sino también ovejas y caballos. Además, señalaron problemas de manejo financiero interno, atribuidos a uno de sus contadores.
La sequía en el país los llevó a reconsiderar su modelo de negocio. A pesar de que habían implementado un plan para recuperar el stock y notaron mejoras en las pasturas y el precio del ganado, la repentina caída del Grupo Larrarte desencadenó una ola de retiros que se volvió «frenética«. Los clientes comenzaron no solo a no renovar sus contratos, sino que también exigieron la devolución de su dinero, lo que derivó en pérdidas de entre 700.000 y 800.000 dólares mensuales.
En noviembre de 2024, tras esta crisis, los propietarios decidieron que la empresa debía entrar en concurso de acreedores, reconociendo que el pasivo alcanzaba los 90 millones de dólares. Se ha programado una nueva audiencia para febrero, donde los empresarios enfrentarán posibles imputaciones si la Fiscalía logra reunir las evidencias necesarias.
