El «tapón fiscal» de la Ley de Inocencia Fiscal y su impacto en los contribuyentes
Un nuevo enfoque fiscal
El «tapón fiscal», establecido por la Ley 27.799, también conocida como la Ley de Inocencia Fiscal, introduce un sistema que ofrece protección a los contribuyentes frente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este mecanismo se basa en la presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas que se presentan y abonan bajo este régimen, permitiendo un blindaje jurídico en los periodos impositivos que ya han sido declarados y aceptados.
Derechos y protecciones del régimen
Los contribuyentes que adhieren a este régimen, siempre que cumplan con los requisitos establecidos, obtienen el derecho a que sus declaraciones sean consideradas como correctas y suficientes por parte de ARCA. Esto significa que, una vez que la declaración sea aceptada y pagada, ARCA no podrá reabrir, ajustar ni impugnar la determinación del impuesto durante esos periodos, a menos que exista una “discrepancia significativa”. Así, se abandona la antigua presunción de culpabilidad fiscal y la carga de la prueba recae únicamente en el organismo recaudador.
Objetivos y beneficios
La Ley de Inocencia Fiscal representa un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes en el ámbito tributario. Su objetivo principal es la reparación histórica del ahorro nacional a través de la simplificación del sistema impositivo y la salvaguarda del ahorro formal. Las nuevas disposiciones están diseñadas para incentivar la reintegración de fondos informales a la economía, lo que podría impulsar el consumo, la inversión y el acceso al crédito a mediano y largo plazo.
Alcance del mecanismo de protección
El mecanismo no solo protege el Impuesto a las Ganancias, sino también el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos no prescriptos, incluso si el contribuyente no tenía obligación previa de declarar, siempre que cumpla con las condiciones establecidas. Presentar y pagar a tiempo, ya sea en efectivo o mediante un plan de facilidades, activa automáticamente la presunción de exactitud y el efecto liberatorio para el contribuyente.
Requisitos de acceso
Este régimen está reservado para individuos y empresas cuyos ingresos no superen los $1.000 millones y cuyo patrimonio no exceda los $10.000 millones en los últimos tres ejercicios. Estos límites se verifican anualmente de forma independiente de la condición previa del contribuyente. La adhesión se realiza a través del servicio “Sistema Registral” en la web de ARCA, seleccionando “Ganancias PH Simplificada”.
Mantenimiento del régimen
Para mantener el blindaje, es imprescindible ratificar anualmente el cumplimiento de los requisitos legales. Cualquier falsedad en los datos o incumplimiento de los criterios conlleva la exclusión del régimen y la pérdida de sus beneficios. Siempre que se cumplan las obligaciones de presentación y pago, ARCA solo podrá fiscalizar la facturación y los gastos deducibles, sin intervenir en la variación patrimonial ni en los consumos personales del contribuyente.
Proceso de declaración
La declaración jurada se basa en un esquema precargado por ARCA que los contribuyentes pueden revisar, modificar o aceptar. La impugnación de la información solo se admite si hay una discrepancia significativa, definida como una diferencia de al menos el 15% en el saldo del impuesto o la superación del umbral vigente en el Régimen Penal Tributario (actualmente $100 millones).
Consecuencias por incumplimiento
La falta de presentación o el impago de la declaración simplificada resultan en la pérdida automática del blindaje, permitiendo una fiscalización total. Si una impugnación de ARCA es revocada, se restablece la presunción de exactitud. Al ratificar los requisitos cada año, el nuevo periodo fiscal queda protegido y los anteriores se integran al conjunto de años blindados, salvo que haya una orden de intervención notificada.
