Ampliación de la investigación sobre pensiones por discapacidad fraudulentas en Salta
Investigación judicial por pensiones fraudulentas
La Justicia Federal de Salta ha intensificado la investigación relacionada con un posible esquema de fraude en la concesión de pensiones por discapacidad en la localidad de Joaquín V. González, donde aproximadamente 22 personas están siendo investigadas. Este desarrollo se produce tras la incautación de cerca de ocho millones de pesos, así como una gran cantidad de documentación y dispositivos electrónicos durante las diligencias realizadas en el marco de la causa.
Detalles de la investigación
Las autoridades han indicado que hay alrededor de 10,000 expedientes que podrían estar vinculados a esta maniobra ilícita, lo que llevó a la jueza Mariela Giménez a clasificar el caso como de carácter complejo. Esta decisión fue solicitada por el fiscal general Carlos Martín Amad, a cargo de la pesquisa que se inició en mayo de 2024.
La magistrada fundamentó su decisión refiriéndose a los parámetros del Código Procesal Penal Federal, teniendo en cuenta el elevado número de personas implicadas, la magnitud de los hechos y la abundancia de documentación que requiere análisis detallados y peritajes.
Contexto del fraude
El origen de esta causa se relaciona con un mecanismo fraudulento similar al que fue descubierto en febrero de 2023 en Taco Pozo, Chaco, donde se evidenció un fraude en la tramitación de pensiones por discapacidad. En este caso en Salta, se sospecha que se habría implementado un sistema paralelo para la obtención irregular de estos beneficios, lo que llevó a la ejecución de 17 allanamientos en diversas ubicaciones de Joaquín V. González.
Resultados de los operativos
Como resultado de estas acciones, se confiscó documentación relevante y dispositivos informáticos que están actualmente en proceso de evaluación. Las autoridades creen que los elementos recuperados podrían ser esenciales para probar la existencia de una presunta red compuesta por gestores, profesionales de la salud y funcionarios públicos que facilitaron la creación y tramitación de pensiones por invalidez fraudulentas.
Detalles adicionales y consecuencias legales
Más de 60 agentes de la Gendarmería Nacional y otros 20 vehículos de la fuerza federal participaron en esta operación, que tuvo como objetivo clínicas, consultorios médicos, oficinas municipales y dependencias sociales en diferentes localidades, incluida la capital salteña.
En cuanto al proceso legal, la jueza Giménez desestimó la solicitud de acceso a los documentos del caso hecha por dos de los investigados, basándose en el Artículo 230 del Código mencionado. No obstante, se ha permitido que los defensores sean informados acerca de los hechos y de las partes involucradas, conforme el Artículo 233 del mismo código.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta resaltó que la declaración de complejidad permitirá extender los plazos de la investigación, llevar a cabo nuevas pericias y realizar un análisis profundo sobre el proceso de otorgamiento de las pensiones. Se persigue identificar el perjuicio económico causado al Estado y establecer responsabilidades entre los diversos actores involucrados, considerados como médicos, gestores y funcionarios públicos.
Las autoridades están considerando que los implicados podrían enfrentar cargos por asociación ilícita, falsedad ideológica y defraudación al Gobierno provincial. Esta investigación quedará bajo la dirección del fiscal Amad, con apoyo de fuerzas federales, y se anticipa que en los próximos meses se formalicen los cargos contra los principales sospechosos, con un total de 22 personas en el punto de mira de la investigación.
