Citan a indagatoria a Mauricio Macri y le prohíben salir del país

El expresidente Mauricio Macri deberá declarar como acusado el próximo jueves 7 en una causa sobre el supuesto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. El juez federal de Dolores, Martín Bava, lo citó a indagatoria y le prohibió a Macri la salida del país.

La causa por la que Macri será indagado se inició por una denuncia radicada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en septiembre del año pasado. La primera parte de la investigación la llevó adelante el fiscal Daniel Adler en Mar del Plata, hasta que el caso cambió de jurisdicción y pasó a Dolores.

De acuerdo con la denuncia de Caamaño, mientras el submarino aún permanecía desaparecido, durante la gestión de Macri, la AFI hizo seguimientos en las manifestaciones realizadas en Mar del Plata por parientes y amigos de los tripulantes.

En la misma resolución en la que Bava dispuso la citación de Macri y su prohibición de salida del país fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, extitulares de la AFI. Ambos habían prestado declaración indagatoria en Dolores en julio de este año y habían negado los cargos que les imputaban.

Según Bava, la responsabilidad de los hechos investigados no puede endilgársele solo a “los agentes de base” ni tampoco a los exjefes de la AFI, porque las acciones de espionaje “partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena respondía al entonces Presidente”.

En su fallo, el juez escribió: “No solo las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata, sino que además, le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación (…). El entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba en pleno conocimiento del especial interés y el seguimiento que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia respecto los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan”.

Bava relata en su fallo que los familiares de los tripulantes del ARA San Juan sospechaban que tenían sus teléfonos intervenidos y que así se lo hicieron saber al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, que radicó una denuncia para que eso se investigara. En juez explica que las intervenciones nunca se comprobaron porque el procedimiento requería que los familiares pusieran sus teléfonos a disposición del tribunal (la causa la llevaba el juez Daniel Rafecas) y ellos no accedieron. Bava afirma sobre este punto: “Mientras acontecían los delitos que aquí se investigan, el Gobierno nacional reconocía que había al menos serios indicios que indicaban un espionaje ejercido hacia los familiares de las víctimas del ARA San Juan. El hecho de que las máximas autoridades de la Agencia no hayan [tomado] medidas dirigidas a investigar y, llegado el caso, neutralizar ese espionaje es una prueba cabal de que todas estas acciones se realizaron en connivencia con las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.”

La denuncia con la que se inició la causa sostiene que la AFI, mientras buscaba material que había solicitado un juez, halló tres discos rígidos con los registros del espionaje ilegal a los familiares, a través de fotos, partes de inteligencia y la intrusión en redes sociales, principalmente en el primer semestre de 2018.

Según Caamaño, las “tareas” ventiladas “no se encontraban ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado”.

Lo mismo sostuvo hoy el juez Bava, que escribió: “La subdirectora Silvia Majdalani fue la funcionaria que se nutría periódicamente con los documentos ilegales producidos por la Delegación de Mar del Plata y, de acuerdo con sus funciones específicas, fijaba los objetivos de inteligencia específicos y adoptaba las decisiones en base a la información recopilada por sus dependientes. Ambos, el Director y la Subdirectora, además, eran quienes determinaban ‘los objetivos’ programáticos de las acciones de inteligencia llevadas adelante o coordinadas también por sus subordinados. A la luz de todo lo expuesto, queda claro que dentro de esos ‘objetivos’, estaba el de investigar a los familiares de los tripulantes submarino ARA San Juan”.

Según sostuvo Caamaño en su deuncia, “los informes, fechados entre enero y junio de 2018, muestran seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas frente a la Base Naval de Mar del Plata o durante otras actividades realizadas, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de esa ciudad o en el monumento al Gral. San Martín local, tanto de las columnas, como a referentes de los grupos de familiares”.

Fuente: Lanacion