Corte Suprema: a 48 horas cruciales para el pliego de Ariel Lijo, el Gobierno juega a la confusión

Ante las dudas por los votos suficientes para la sesión del viernes en el Senado, desde Casa Rosada arrojan batería de nombres para nombramientos por decreto. Planes alternativos ante la crisis política y negociación por fondos de los gobernadores.

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La situación del juez Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema atraviesa 48 horas cruciales. La proximidad del deadline fijado por el Gobierno para su aprobación en el Senado prevista para el viernes disparó una batería de escenarios alternativos –todos insuflados por el propio Gobierno- que suman presión (y confusión) a un escenario que está atravesado por el escándalo de la estafa cripto $LIBRA en el que está sumergido el oficialismo, desde el viernes a la noche.

Ahora, si Lijo quedara en el camino, el Gobierno amenaza con varios nombres de recambio para un decreto que les daría estabilidad temporal por un año. Así lo hicieron saber altas fuentes oficiales, en una movida que también especula con sacar rédito de esa confusión y lanzar globos de ensayo. Ninguno de ellos impacta en un sector del cuarto piso del Palacio de Tribunales que se ufana de tener el pulso del Senado pero que, asegura, está corrido del resultado o cualquiera de sus alternativas.

Los nombres tirados sobre la mesa por altas fuentes oficiales no son desconocidos, aunque hay una candidata mujer cuyo nombre no hicieron trascender. Ese trueque, pero por Manuel García Mansilla era el que había propuesto el kirchnerismo para votar, además de tener en la mano una ampliación del tribunal. Sería al revés, sólo ante la caída de Lijo. El juez federal queda en una disyuntiva: su negativa a asumir por decreto lo expone a un rechazo a su pliego que lo deje en una situación peor que la que atravesó Daniel Rafecas en la gestión de Alberto Fernández que no llegó a esa instancia. Pero como lee el poder es preferible no llegar a ser rechazado en el recinto. Exponerlo a esa situación no sería gratuito y ahí el Gobierno minimiza riesgos futuros sobre un Lijo herido. Quienes lo han cuestionado en su candidatura a la Corte podrían envalentonarse para ir tras su juzgado federal.

El académico de la UDESA Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette (del ¿denostado? Estudio Cassagne), Alberto Bianchi –socio y mentor del nuevo Procurador del Tesoro Santiago Castro Videla y un respetado administrativista-, y el que casi se convierte en reemplazante de Rodolfo Barra, el ex juez Ricardo Rojas que sería el menos relevante si la óptica oficial es que sean los nombres para las piezas intercambiables de un diseño de Corte de emergencia.

Si le dieran a elegir a Santiago Caputo, optaría por la dupla García Mansilla –Bianchi, en una fórmula que consideran cercana al ideario libertario más puro. Pero todo esto está rodeado de la advertencia peronista en el Senado de que no obtendría aval nadie que ingrese por decreto. Por los números, tendrían fecha de vencimiento, lo que dispara otro vector que es el jurisdiccional: ¿Cómo funcionaría una Corte cuyas mayorías se conformen con jueces que pueden ser objetados por su legitimidad de origen? ¿Se conformarían los derrotados con un resultado definido por un juez por decreto? Todo este hipotético escenario ocurriría en la semana previa al inicio de sesiones ordinarias, lo que convierte al 1 de marzo en una jornada clave como pocas.

Si el círculo cercano a Milei hunde el pie en el acelerador para salir del barro en el que quedó y redoblar su impronta de no retroceder para demostrar poder, en el mundo judicial imaginan que todo este combo podría estar adobado con un nuevo procurador general también –por decreto- y cuyo protagonista sería el viceministro de Justicia Sebastián Amerio. Todos formados para escuchar la Asamblea Legislativa. Este escenario visualiza cada derrota como una oportunidad de doblar la apuesta. Imprevisible resultado.

Antes del fatídico tweet de Javier Milei del viernes a la tarde noche con el affaire de la criptomoneda engañosa, el plan de la Casa Rosada era someter a votación el pliego de Lijo, en la confianza de que tenían los votos para su aprobación, con el flujo aportado por el peronismo. Cumplía así con el cronograma establecido en el temario de extraordinarias. Acto seguido, Javier Milei emitiría un decreto nombrando a Manuel García Mansilla en la última vacante y completaría así –en un formato “blend”- el máximo tribunal tal como fue ideado en mayo, cuando se presentaron ambas candidaturas. García Mansilla no alcanzó el despacho de comisión por lo que tratar su pliego sobre tablas el mismo día exigiría dos tercios de inicio para que admita su tratamiento, y otros dos tercios para su aprobación.

Sin embargo, el dinamismo de la crisis que empantanó al Gobierno volvió a poner en duda que puedan alcanzar, al filo de las extraordinarias, el número necesario para sacar adelante el único pliego que podría escalar al máximo tribunal. La política acuerda en una sola cosa: suspender las PASO, el resto pasa a un rol secundario.

“El dos o ninguno” que se mantuvo firme a lo largo de los meses comenzó a tener más variantes que un tetris y comenzó una danza de nombres que agregaron confusión y marcan la intención de redoblar la apuesta de Milei y el Triángulo de Hierro. En el medio, en despachos oficiales trataron de insistir en que eran los gobernadores los que pujaban por el ingreso de Lijo. En rigor, el que encabeza esa movida es el santiagueño Gerardo Zamora.

En plenas esquirlas del cripto gate, llegó una amenaza disfrazada de rumor acerca de que el oficialismo estaba dispuesto a bajar el pliego de Ariel Lijo. Pareció un mensaje teledirigido a la jueza María Servini, sorteada para intervenir en las múltiples denuncias por estafa por la promoción de $LIBRA por parte de Javier Milei. La magistrada fue una de las que prestó el aval y al fiscal del caso Eduardo Taiano se le reconoce dentro del subgrupo en Comodoro Py sobre el que Lijo tiene ascendencia. Raro.

Otro mensaje distinto que cruzó las aguas al campamento kirchnerista fue que habría una opción alternativa de no llegar con los votos al viernes: sostener el dictamen de comisión, no exponer al juez a una votación negativa (hay múltiples formas de hacer naufragar la sesión) y nominar dos candidatos por decreto alternativos. De esa forma, el único que seguiría el proceso constitucional, sin plazos perentorios, sería el juez federal –para no desairarlo- y ganar tiempo de negociación con una Corte completada con sustitutos de los sustitutos. Cerca de Cristina Kirchner fruncen el ceño con la idea de que la den por conforme con la elección de Lijo como compensación a su sector, pese a que aportaron el noveno voto para el dictamen. Insisten en ampliación o nada y desconocen que esta “negociación” unilateral los beneficie en algo.

Los senadores, por su lado, olfatean una brecha: crisis política y necesidad de un triunfo para el oficialismo son los ingredientes propicios para que los gobernadores negocien fondos frescos, mitad por la motosierra que los podó el año pasado y mitad por ser este un año electoral. Cada voto vale su peso no en promesas, sino en giros. Así está el escenario a 48 horas de un día crucial en el que no hay nada por seguro.

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