El jefe de los fiscales denunció y quiere echar de la Justicia a los camaristas que liberaron a Chocolate Rigau
Un durísimo golpe acaba de recibir este miércoles Julio Chocolate Rigau, que complicaría su estrategia judicial y que, a su vez, produce un sismo pocas veces visto en parte del poder político bonaerense.
Frente a su «patente mal desempeño y su grosero apartamiento del orden legal«, el procurador de la Provincia, Julio Conte Grand, denunció a los camaristas Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento. También pidió «apartar preventivamente» a los dos magistrados de la causa y, de fondo, busca echarlos de la Justicia.
Tanto en la Justicia de Garantías como en la Cámara y, más arriba, en Casación, señalan que si bien hubo varios magistrados o fiscales que tuvieron que enfrentar Jury, este caso es «extraordinario».
«Para que el Procurador General denuncie a dos camaristas no es por el contenido específico de sus fallos. Si no porque probablemente sospeche de que hay algo más, que podría ser tráfico de influencias«, explica a Clarín un magistrado con muchos años en la Justicia bonaerense.
Puntualmente, lo que se sospecha es que ambos camaristas podrían haber acordado con el poder político para liberar a Chocolate y anular toda la causa de las Tarjetas de la Corrupción.
Rigau está detenido en una alcaidía a la que fue trasladado el domingo luego de haberse entregado por haber sido sorprendido por la policía cuando salía de un banco con una bolsa llena de plata que había extraído de 48 tarjetas de débito pertenecientes a personas contratadas por la Cámara de Diputados bonaerense.
«La denuncia (contra los camaristas) tiene por objeto que se dé inicio al proceso de jury. Este proceso tiene como finalidad que se los destituya -explicaron a Clarín desde la Procuración-. Asimismo, en la denuncia se pide el apartamiento preventivo, no de la causa sino de los cargos. Esto hasta que se resuelva por el Tribunal de Enjuiciamiento si corresponde o no destituirlos».
La acusación contra los camaristas
Conte Grand, jefe de los fiscales de la Provincia, acusó a Benavides y Villordo después de haber analizado «la escandalosa decisión de ambos camaristas que, sin tener jurisdicción para hacerlo, admitieron y dieron curso a un recurso de habeas corpus y en ese marco declararon la nulidad de la actuación policial contra Julio Rigau y todo lo actuado posteriormente en la causa, ordenando que fuera liberado y que le fueran restituidos el dinero secuestrado y las tarjetas bancarias». Así lo detallaron a Clarín desde la Procuración General.
Desde el organismo destacan que «en el marco del recurso contra esta decisión, quedó de manifiesto en la decisión del Tribunal de Casación Penal que los camaristas Benavídes y Villordo se habían apartado de la ley«.
Y resaltaron que la Cámara actuó «por fuera de su jurisdicción» y que la orden de detención dictada por juez competente (Federico Atencio) «no resulta impugnable por vía de habeas corpus«.
Conte Grand incluso dijo que «la decisión de los jueces Benavides y Villordo se apartó abiertamente de las constancias objetivas de la causa. A través de un razonamiento arbitrario -canalizado, además, por una vía improcedente-, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere gravemente a los poderes del Estado en general, y a la administración de justicia, en particular.»
También afirmó: «La materia objeto del petitorio tenía vía procesal adecuada en la causa en que se estaba discutiendo la excarcelación; tenía así un juez natural (precisamente juez de garantías); y con la admisibilidad de la vía extraordinaria se terminó apartando a dicho juez y suplantándoselo por la Sala III de la Cámara de Garantías y Apelación. No debería pasarse por alto que la maniobra de sacar la causa de su juez natural es una actitud propia del fenómeno denominado forum shopping«.
Por otro lado, agregó que «la resolución ha generado una gran conmoción en el tejido social, el que se enfrenta a una decisión que terminaría por invertir las responsabilidades, diluyendo aquella que potencialmente podía caberle al detenido para, en definitiva, cargar las culpas sobre el accionar policial«. Y concluyó que «a raíz de lo señalado, no es osado considerar que, con su voto, los doctores Benavides y Villordo han reforzado el estado de desconfianza social en la judicatura«.
El Procurador ofreció prueba y solicitó al Jurado el apartamiento preventivo de los camaristas mientras se sustancie el proceso.
Ahora, para juzgar a ambos camaristas se deberá sortear seis legisladores abogados y seis conjueces para integrar el jurado que, presidido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, decidirá sobre su destitución.
Fuente: Clarín
