Milei busca detener el aumento en las prestaciones por discapacidad tras el rechazo en el Congreso
Estrategias del Gobierno tras la derrota legislativa
El Gobierno argentino ha decidido no judicializar el aumento en las prestaciones de discapacidad, luego de que el veto fuera rechazado en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, se está evaluando una nueva estrategia para eludir el cumplimiento del aumento. De acuerdo a información obtenida, el Ejecutivo podría “poner en suspensión” la aplicación de la ley mediante un decreto del presidente Javier Milei.
Un plan para ganar tiempo
Esta estrategia ha cobrado fuerza en los últimos días dentro del equipo técnico de la Casa Rosada, con el objetivo de hallar una forma de dilatar la ejecución del gasto presupuestario hasta el año 2026, que requiere la aprobación del nuevo presupuesto por el Congreso. Las autoridades reconocen que desean que las demandas sobre este tema sean presentadas por particulares, lo que facilitaría la fragmentación de los procesos judiciales.
El respaldo jurídico del Gobierno
El equipo judicial encabezado por el presidente está trabajando en la recopilación de jurisprudencia para apoyar su postura. Integran este equipo la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, junto a sus asesores legales. Asimismo, la Procuración del Tesoro, bajo la coordinación de Santiago Castro Videla, también está en contacto con el grupo.
Consideraciones fiscales y legales
Desde el oficialismo insisten en que los costos fiscales de este aumento son significativos y citan el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que cualquier ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe detallar las fuentes de financiamiento. El Gobierno también sostiene que la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional es la herramienta clave para el ordenamiento de las acciones gubernamentales y que es competencia del Ejecutivo establecer el presupuesto junto al cálculo de recursos para la administración.
Además, se ha descartado una apelación a la Corte Suprema, argumentando que la autoconvocatoria del Senado es ilegal y que las decisiones tomadas en la última sesión no tienen validez. Esta opción fue considerada previamente, con la intención de utilizar el artículo 32 del reglamento de la Cámara Alta, que otorga el poder de convocar a sesiones al Presidente.
Postura del Gobierno respecto al aumento
La Casa Rosada ha decidido no avanzar en un aumento de las prestaciones de discapacidad por el momento, a pesar de que el portavoz presidencial, Manuel Adorni, había mencionado que se estaba considerando durante la votación en la Cámara de Diputados. «Hasta que no se resuelva el frente judicial, no habrá aumento alguno», reiteran fuentes del Gobierno.
El abogado constitucionalista Marceló Bermolén afirma que la única forma de suspender la ley es a través de un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque lo califica como “altamente judicializable”. Comenta que esto podría permitir ganar tiempo, ya que es probable que diferentes jueces decidan de manera distinta ante demandas individuales, lo que podría requerir la intervención de la Cámara. Si el Estado hubiera presentado la denuncia y hubiera sido desestimada, habría estado obligado a aplicar la ley.
