Se está gestando un clima de tormenta perfecta para el Gobierno con el Poder Judicial

Tampoco pasó desapercibido el voto inicial de García-Mansilla en un caso de narcomenudeo (lejos de su especialidad) en el que el máximo Tribunal pegaba un “sogazo” al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Con un estilo mucho menos refinado al que suelen apelar los ministros, expresó su visión en una redacción que llamó la atención. Se tomó nota que el destinatario del “reto” termino siendo el tribunal cuya vocal Aída Tarditti fue una de las primeras que consideró que “una Corte de varones completada irregularmente, no es legítima”. Lo segundo fue su particular defensa en el caso de Ramos Padilla. “Un juez no puede sacar a otro juez”, afirmó respecto a su autopercepción de inamovilidad en el cargo. Un estilo provocador para un entorno inestable.

Los senadores que responden a gobernadores del PJ están tironeados. Lo puede contar el jefe de la bancada José Mayans cuando el gobernador de Formosa Gildo Insfrán lo llamó para que vote el pliego de Lijo. “Vení vos a Buenos Aires y votalo, porque Cristina no quiere”, fue más o menos la reconstrucción de su respuesta. Hay otros senadores en igualdad de condiciones cuyo dilema hoy es votar o ausentarse. Cristina puso a trabajar para llegar al quórum a Juliana Di Tullio y a “Wado” De Pedro. Aspira a la cucarda de llevarse por delante a los candidatos que nominó Milei. Si existe el riesgo de que eso ocurra será el gobierno el que intente sabotear la sesión a la que convocó Victoria Villarruel. ¿La vice devolvería gentilezas al maltrato del Triángulo de Hierro? Preguntas.

Sin presupuesto para el acusatorio en Comodoro Py

El principal problema de implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py y en Inmigrantes son las vacantes pero, por sobre todas las cosas, el presupuesto. Como ya mencionó Ámbito, la dotación de personal de las fiscalías es la mitad o menos que los juzgados federales. Y será el Procurador General interino Eduardo Casal el que deba nominar a la figura del “fiscal de distrito” para el edificio de Retiro. Es quien tiene en el nuevo Código la función de “bajar la línea” en su área de influencia acerca de la política criminal. Debe ser un fiscal general (de Cámara o ante los Tribunales Orales), lo que excluye a buena parte de los candidatos de mayor ascendencia y de más alto perfil que curiosamente están en primera instancia. Tampoco puede ser alguien de Casación. Uno de los candidatos cuyo nombre adquiere fuerza para ese cargo es el de Diego Luciani, el fiscal que llevó adelante el juicio Vialidad. No hubo ofrecimiento formal. Un párrafo para el destino de la causa Vialidad. El cronograma para su definición va a estar precedido de la respectiva consulta al dictamen de Procuración sobre la queja interpuesta por la expresidenta. ¿Qué significa? Que los plazos pueden estirarse.

Se preguntan en Comodoro Py por qué no arrancaron en Corrientes con el acusatorio y después “bajaron” a Capital Federal. Y, mucho más práctica, quién está consiguiendo los fondos para correr de cara al 11 de agosto, una semana después del reinicio de la actividad tras la feria de invierno, con todo lo que debe coordinarse. “Así, el riesgo es que fracase, como fue la implementación en Mar del Plata que fue un desastre”, confirmó un funcionario del Ministerio Público. Es que hay plazos perentorios que exponen a sanciones a los fiscales, de no cumplirse. También impacta en las herramientas investigativas que poseen los fiscales, como la DATIP, cuyos recursos son marcadamente inferiores a los de la Dajudeco, que depende de la Corte. Desde la ciudad balnearia más famosa para estar en alpargatas surgió una curiosidad: el impredecible y polémico fiscal Juan Manuel Pettigiani radicó una denuncia penal por abuso de autoridad contra el Ministro Mariano Cúneo Libarona. La conservan bajo siete llaves en Comodoro Py a la espera de que sea útil.

El fiscal Eduardo Taiano –sin prisa, pero sin pausa- se está dedicando a juntar papeles en el caso $LIBRA y la DATIP ya fijó fecha para la extracción de la información de los celulares que fueron incautados en el caso. También, en pocas líneas, pidió al área de recupero de activos de la Procuración que le plantee un plan de acción para reconstruir la evolución patrimonial de los involucrados. Incluye al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria de presidencia Karina Milei. Ningún plan de estas características puede evitar el levantamiento del secreto bancario de ambos. En términos políticos eso es una bomba de tiempo que se puede cruzar en el cronograma electoral y volver a hacer el mismo daño que generó el estallido del caso en la opinión pública, según como vayan apareciendo las pruebas.

Acción de clase por $LIBRA en Nueva York

También debería generar preocupación la acción de clase colectiva planteada en los tribunales neoyorkinos por Omar Hurlock en nombre de todos los afectados. La demanda alega que el lanzamiento de $LIBRA Token fue “injusto, engañoso y fraudulento”. Reclaman indemnización por daños y perjuicios, restitución de ganancias mal obtenidas y medidas cautelares, más el nombramiento de un administrador judicial para proteger al público. En el escrito afirman que Milei tuvo un rol de respaldo que los demandados aprovecharon para crear una “apariencia de legitimidad y un valor de inversión”. Pero no lo apuntan como economista experto, sino como figura de alto perfil como Jefe de Estado. ¿A cuánto están de demandar a la Argentina para intentar cobrarle a alguien las pérdidas millonarias de la mal lograda operatoria? Suenan truenos.

Por último, pero no menos importante, la máquina de hacer lluvia la tiene, cuándo no, el Contencioso Administrativo Federal. El juez Martín Cormick emplazó al Estado a que presente el informe de rigor en la causa que busca la nulidad absoluta por inconstitucional del DNU que habilitó al Gobierno a perfeccionar un acuerdo con el FMI sorteando una ley del Congreso pero que Diputados validó. Ese plazo de cinco días vence este viernes 4 de abril. El FMI todavía no confirmó la fecha en la que su directorio se reunirá para aprobar el acuerdo de Facilidades Extendidas.