ANDIS reanuda pensiones suspendidas tras orden judicial
Restablecimiento de pensiones no contributivas
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha decidido reintegrar las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas, cumpliendo así una orden judicial. Esta decisión fue oficializada a través de la Resolución 12621/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial y firmada por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches.
Contexto de la resolución judicial
La implementación de esta medida sigue a la resolución del Juzgado Federal de Catamarca N° 2 que, el pasado jueves, aceptó una medida cautelar presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, en nombre de un grupo de pensionados de la provincia. El fallo judicial obligó a la ANDIS a reactivar las pensiones no contributivas y a devolver los haberes que habían sido retenidos.
- La ANDIS debe restablecer todas las pensiones suspendidas en un plazo de 24 horas.
- Asimismo, debe pagar los haberes retenidos.
- Se prohíbe continuar auditorías o realizar nuevas suspensiones mientras no haya una sentencia definitiva.
Detalles de la resolución 12621/2025
La resolución aprobada por Vilches, en su Artículo 1°, anula todas las suspensiones, restableciendo los pagos correspondientes y acatando lo dictaminado por la Justicia. El Artículo 3° instruye a la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación a no iniciar ni continuar auditorías de pensiones mientras la medida judicial esté vigente.
Además, se manda notificar a los beneficiarios, asegurando que los gastos serán cubiertos con las partidas presupuestarias disponibles, y se ordena comunicar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para reactivar el pago de estas prestaciones.
La resolución se emite bajo las facultades conferidas por el Decreto 698/2017, que creó la ANDIS, y el Decreto 601/2025, que dispuso la intervención de la agencia por 180 días bajo la dirección de Vilches.
Apoyo de organizaciones y universidades
Las acciones judiciales que llevaron a esta resolución fueron impulsadas por diversas organizaciones, incluidas la Asociación Azul, ACIJ, y CELS, así como por personas afectadas, contando con el apoyo de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
