Desmantelan una banda de extorsionistas que operaba desde una prisión en Mendoza
Extorsión en Chubut: el papel de una celda en Mendoza
La Policía Federal Argentina (PFA) logró desarticular una organización criminal liderada desde una celda en una cárcel de Mendoza, responsable de extorsionar a un hombre originario de Chubut, quien sufrió la pérdida de $2 millones. Este caso, que inició en noviembre de 2025, se activó tras la denuncia de la víctima, residente en la localidad de Cholila, lo que llevó a una profunda investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, bajo la supervisión del fiscal Carlos Díaz Mayer.
El contacto inicial y la escalada de extorsión
El hombre relató a las autoridades que todo comenzó al ser contactado a través de Facebook por una mujer que se hacía llamar “Carla”. Tras unas charlas iniciales, ambos decidieron intercambiar números de teléfono para comunicarse mediante WhatsApp, donde intercambiaron incluso fotografías de contenido sexual.
No obstante, la situación dio un giro inesperado cuando la supuesta Carla le reveló que era, en realidad, menor de edad. Después de este episodio, la comunicación se interrumpió, hasta que el hombre fue contactado nuevamente, esta vez por otro individuo que le exigió dinero a cambio de no presentar denuncias en su contra.
Las amenazas se intensifican
El extorsionador se identificó como el padre de la adolescente y, aunque en un principio la víctima no pagó, las amenazas aumentaron cuando los estafadores fingieron el suicidio de la joven, enviando un acta de defunción.
La maniobra incluyó la utilización de documentos falsificados, tales como una supuesta denuncia por ciberacoso y el certificado de defunción. Además, el denunciante reveló haber recibido comunicaciones de supuestos abogados y fiscales que intensificaron la presión sobre él.
Investigación y detenciones
A través del análisis de las conexiones utilizadas por la cuenta de la menor ficticia, los investigadores lograron identificar los puntos de operación, lo que llevó a realizar una serie de allanamientos. En este contexto, se determinó que el principal responsable era un interno de la cárcel de Almafuerte, considerado el “cerebro” de la operación de estafa.
Se estableció que, aunque el reo habría recibido el dinero, existían cómplices que operaban desde una residencia en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz, quienes habrían recibido el dinero después de concretarse la transacción. Durante los operativos, los agentes incautaron teléfonos celulares y varios dispositivos informáticos, que ahora serán analizados para descubrir si existen más víctimas de esta organización.
