La denuncia de secuestro de una joven japonesa en Salta será investigada como trata de personas
Investigación sobre el caso de A. Y.
La denuncia de A. Y., una joven japonesa de 23 años, quien alegó haber sido secuestrada, maltratada y amenazada por su expareja en Salta, ha sido trasladada al fuero federal para su investigación, ya que se indaga como un posible caso de trata de personas. Las autoridades también han solicitado formalmente la detención del acusado.
Detalles del caso
La decisión de modificar la jurisdicción se debe a la amplia repercusión nacional que ha recibido la denuncia, en la que la joven describe un severo abuso que padeció durante varios meses. Tras su rescate del lugar donde ocurrieron los hechos, se notificó que actualmente se encuentra en un refugio seguro, bajo atención institucional.
La relación y el abuso
La denuncia indica que el acusado, identificado como M. L. (23 años), convenció a A. Y. de mudarse de Japón a Argentina, una relación que se inició en su país natal a mediados de septiembre de 2024. Según la joven, quedó embarazada cinco meses después de conocerlo, debido a un «descuido» del denunciado quien no utilizó protección a pesar de su solicitud.
Tras enterarse del embarazo, A. Y. decidió trasladarse a Argentina en busca de un parto gratuito. Sin embargo, al llegar a Salta, comenzó a sufrir violencia por parte de M. L. «Los actos de agresión aumentaron tras iniciar la convivencia, con agresiones físicas durante las discusiones», relató A. Y., señalando que las lesiones se tornaron más graves a partir de junio.
Descripción del abuso físico y económico
La joven denunció que los abusos se intensificaron, mencionando que sufrió golpes en el rostro, tirones de cabello, y fue sometida a diversas formas de maltrato físico. También reveló haber sido víctima de abusos sexuales por parte del acusado durante su embarazo. En su testimonio, A. Y. afirmó que este intentó forzarla a tener relaciones sexuales, ignorando sus negativas.
El daño físico no se limitó a los abusos; A. Y. reportó lesiones en uno de sus dedos, requiriendo atención médica que su pareja se negó a proporcionarle, lo que le ha causado dificultades para mover su dedo medio derecho. Además, sufrió violencia económica, ya que M. L. tenía control total sobre sus finanzas, incluyendo sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, donde gastó hasta un total de $1.030.000.
Contención y apoyo institucional
Luego de su rescate, la División Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta ha intervenido en el caso, ofreciendo un acompañamiento integral a la víctima. Según lo declarado por la subsecretaria de las Mujeres, Género y Diversidad, Julieta Valencia Donat, han estado colaborando con diversas instituciones para ofrecer la asistencia necesaria.
Entre las medidas implementadas, se le ha brindado a A. Y. la oportunidad de residir en un Hogar de Resguardo, además se coordinó el acompañamiento de una traductora debido a su desconocimiento del español. También se están gestionando los documentos para regularizar la situación de su hijo.
Las autoridades han solicitado la intervención del Consulado de Japón en Argentina para facilitar el apoyo necesario en este complejo caso.
