La lucha por el territorio se intensifica tras un ataque a un juez en San Martín
Violencia en los juzgados de San Martín
Una grave amenaza resonó en el Juzgado de Garantías 4 de San Martín el pasado 4 de febrero, cuando empleados de la mesa de entradas escucharon la frase inquietante: «Cuando salgan los vamos a agarrar uno por uno». Este ataque, que involucró a un grupo de aproximadamente 20 personas —principalmente mujeres—, se produjo a pleno día en el edificio ubicado en Pueyrredón 3510, donde operan varios juzgados. La policía no intervino durante el incidente, a pesar de múltiples llamados al 911 y a la comisaría local.
Detalles del ataque
Sin la presencia de ningún agente, los agresores ingresaron al juzgado a las 12:07, lo que alarmó a los trabajadores y magistrados, quienes improvisaron barricadas con muebles para protegerse. Durante media hora, destruyeron vidrios y muebles, cortaron la electricidad y amenazaron a todos los presentes. La escasa respuesta policial ha suscitado dudas sobre la posible complicidad o incompetencia de las autoridades.
Investigaciones en curso
La Fiscalía, encabezada por Francisco Iovine, está indagando el incidente, que lleva a centrarse en Max Ali Alegre, conocido como «Alicho«, un reconocido líder del narcotráfico en la región de la Villa Loyola. Alegre se encuentra actualmente encarcelado en una sección de Alto Riesgo del Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza, pero su organización sigue activa desde dentro. El ataque es visto como parte de una guerra territorial entre bandas narcos en la zona.
Los antecedentes del conflicto
La investigación también sigue a dos mujeres vinculadas a los detenidos en una causa por usurpación de una propiedad por parte de los «soldaditos» de «Alicho». Este episodio responde a una lucha prolongada en San Martín, donde diversos grupos buscan establecer control sobre distintas áreas. A pesar de las restricciones impuestas por el sistema de Alto Riesgo, los comunicados entre los reclusos y sus redes se mantienen activos.
Un nuevo enfrentamiento
El pasado 22 de enero, la policía recibió un aviso sobre un grupo armado que intentaba establecerse en unos galpones en la misma zona. Los vecinos informaron que miembros de la banda de «Alicho» estaban construyendo un búnker. Tras la intervención policial, se detuvo a ocho jóvenes y se encontraron armas y materiales que reforzaban la conexión con el caso del juzgado.
El juez Nicolás Schiavo impuso prisión preventiva a los detenidos, acusándolos de varios delitos graves. Se sospecha que el ataque al juzgado estaba vinculado a un intento de liberar a estos individuos, así como la intención de recuperar el territorio en disputa en la Villa Loyola, actualmente controlado por otro clan narcotraficante.
El contexto social y delictivo
El ambiente en San Martín es complejo, con bandas narcos en conflicto por el poder. A medida que los líderes históricos se encuentran en prisión o enfermos, como es el caso de Miguel Ángel «Mameluco» Villalba, sus sucesores, como su hijo Iván, también encarcelado, surgen como nuevos actores en esta lucha. La situación revela una crisis en el liderazgo del narcotráfico en la región, sumada a la constante inestabilidad y la implicación de las autoridades locales en una problemática que se niega a desaparecer.
