Los efectos de la corrupción en personas con discapacidad en Argentina
La corrupción en Argentina afecta a todos, inclusive a personas con discapacidad
La sociedad argentina es testigo de una lamentable exhibición de hechos de corrupción que, aunque algunos se refieren a ellos como «supuestos» en respeto al principio de presunción de inocencia, se han hecho evidentes a través de juicios resonantes y investigaciones judiciales en curso. Lo que se ha revelado resulta escalofriante, especialmente por las cifras involucradas y la insensibilidad social que demuestra toda esta situación.
Desde hace tiempo, la historia de malversaciones y dinero ilícito en el ámbito de las licitaciones y subsidios es un tema recurrente. Ex expresidentes, junto con varios funcionarios y grandes empresarios, están siendo investigados por la inexistente ética que han mostrado al manejar recursos públicos. Recientemente, en el juicio por la causa de corrupción más significativa del país, conocida como Cuadernos, los relatos de los arrepentidos han dejado atónitos a muchos. Relatan que llevaban bolsos de dinero hasta la residencia presidencial de Olivos durante el gobierno de Néstor Kirchner, y de su esposa, Cristina Fernández, quien presuntamente aparecía en jogging durante las entregas de dinero.
Impacto en los recursos del Estado
De acuerdo a la causa Vialidad Nacional, ya se tenía noción del alcance del saqueo a las arcas estatales, con un reclamo judicial para devolver 540 millones de dólares. Sin embargo, el impacto económico total de la causa Cuadernos ha sido calculado en 42.500 millones de dólares por el investigador Ariel Coremberg. Este impacto afecta particularmente a quienes están en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, quienes son las verdaderas víctimas de estos actos de corrupción.
Coremberg señala que «la corrupción termina siendo financiada por los más pobres, la clase media y las pymes», lo que refleja cómo este problema social impacta en los sectores más críticos. Un caso trágico de esta situación fue el accidente del tren en Once, que resultó en la muerte de 51 personas.
Corrupción en el ámbito de la discapacidad
En agosto, se difundieron audios donde Diego Spagnuolo, el entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), supuestamente admitía que manipulaba licitaciones relacionadas con la compra de medicamentos, lo que expone a las personas con discapacidad como víctimas de la corrupción. Aunque no se considera sorprendente que las compras estatales generen sospechas, la ANDIS informó que entre diciembre de 2023 y octubre de 2024 se tramitaron órdenes de pago por un total de 48.631 millones de dólares.
Todo indica que los arreglos ilícitos involucraban a una red de funcionarios, exfuncionarios y empresarios, quienes, según los audios, se beneficiarían de reparticiones del 3% a Karina Milei y su colaborador, Lule Menem.
Reacciones del sistema y la situación de las prestaciones
La circunstancia se vuelve aún más alarmante cuando se consideran las protestas de familiares de personas con discapacidad, quienes han demandado el cumplimiento de ley para la actualización de prestaciones. En septiembre, el Congreso sancionó una Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque su implementación ha sido nula por parte del Poder Ejecutivo, que argumenta la falta de partidas presupuestarias. No obstante, se cuestiona esta excusa, ya que los Diputados han presentado acciones judiciales al respecto.
El padre Adrián Molero, responsable del área de Personas con Discapacidad de la arquidiócesis de Buenos Aires, mencionó que el Gobierno ha actualizado los aranceles para los prestadores, pero aún se está muy lejos del nivel necesario. Según él, el incremento fue solo del 29% al 35% en comparación con un atraso acumulado del 70% desde el inicio de la administración actual.
Reflexiones sobre las pensiones
Por otro lado, se han hecho denuncias sobre el otorgamiento de pensiones por discapacidad, que algunos consideran como una carga para el presupuesto del estado. Molero aclara que, aunque el número de pensiones ha incrementado de 60.000 a más de 1.200.000 personas, esto se debe a políticas que buscan apoyar a quienes viven en situación de pobreza. Sin embargo, el deber del Estado de auditar los fondos públicos es innegable.
Esta dura realidad pone de manifiesto que, aunque no haya sido una guerra convencional, sí existe una “guerra silenciosa” contra los pobres y las personas con discapacidad, que son las últimas en la pirámide social y que son, lamentablemente, ignoradas por los corruptos.
