Countries: los vigiladores, obligados a denunciar a los vecinos que violen las restricciones sanitarias

Los custodios y vigiladores privados que trabajan en countries, barrios cerrados y clubes de campo de Buenos Aires tienen una nueva obligación: llamar al 911 o la comisaría con jurisdicción en su lugar de trabajo si advierten que hay vecinos que pasean por las calles internas de los condominios después del límite horario impuesto por el Gobierno nacional y provincial para evitar la circulación como medida para prevenir los contagios de Covid-19. La misma acción deberán tomar si detectan reuniones privadas o fiestas que excedan lo permitido en los predios donde trabajan.

Así lo resolvió Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense, que conduce Sergio Berni. La decisión fue notificada el lunes de la semana pasada. En el documento se aclaró que el custodio o vigilador que no denuncie las irregularidades “es pasible” de recibir sanciones penales o contravencionales.

“Es absolutamente natural que aquellas personas que cumplen servicios adicionales de seguridad tienen que colaborar durante la pandemia y llevar adelante las medidas de restricción. Tienen la obligación de llamar a emergencias cuando observen algún inconveniente para que puedan intervenir las autoridades correspondientes”, explicó a LA NACION un colaborador del ministro Berni.

La notificación de la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada contiene un error. En ella se lee que la decisión regirá hasta el 1° de septiembre próximo. En realidad, dependerá de las restricciones que disponga por decreto el Poder Ejecutivo Nacional y de las medidas que, en consonancia, adopte el gobierno provincial.

En la notificación se les informó a las empresas de seguridad privada que prestan servicio en los countries, barrios cerrados y clubes de campo bonaerense, que los custodios y vigiladores deben “evitar la circulación en horario nocturno en dichos objetivos [sic], el aglomeramiento [sic] de gente, las reuniones y las fiestas clandestinas. En caso de advertir alguna de estas situaciones deben efectuar la inmediata denuncia al 911 o a la autoridad policial jurisdiccional”.

Desde la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi) dijeron a LA NACION que la decisión que tomaron desde el gobierno bonaerense es correcta dado el momento actual que vive la Argentina respecto del nivel de la pandemia de Covid-19.

“La situación es muy grave. Y lo que nos piden es una forma de ayudar a los vecinos. Estamos ante un hecho excepcional y la seguridad incluye el peligro de contagio”, afirmaron fuentes de Caesi.

Sin embargo, no se avizora que habrá una respuesta tan lineal e independiente dentro de los barrios. Por caso, desde una empresa de seguridad privada dijeron: “Nosotros debemos atenernos a lo que nos indiquen las comisiones directivas de los barrios para los que trabajamos”.

El secretario general de la Unión Personal de Seguridad República Argentina (Upsra), Ángel García, dijo que desde el gremio acompañarán todas las medidas para preservar la salud en medio de la pandemia.

“Nos ajustamos a derecho. Por más que sea una disposición incómoda, le pedimos a la gente que cumpla las normas. No se trata de una cuestión abusiva“, explicó García.

Otras fuentes del gremio dijeron que esperan que los vecinos de los countries y barrios no presionen ni culpen al personal que cumpla con las normativas vigentes.

El presidente de la Federación Argentina de Clubes de Campo, Patricio Gutiérrez Eguia, afirmó: “Protestar contra esta decisión nos parece inútil, nos parece que está justificado porque el nivel de contagios de esta segunda ola es terrible. Aprendimos las lecciones que nos dejó la pandemia el año pasado. Si esta política colabora para mejorar la situación, bienvenida”.

Desde la Asociación Vecinal Nordelta sostuvieron que comenzaron a analizar los alcances de la medida. “Vamos a cumplir las normas y reglamentaciones oficiales”, agregaron.

En esa ciudad insignia de Tigre viven 40.000 personas en las 10.000 propiedades de los 26 barrios que integran el desarrollo inmobiliario. Otras 15.000 personas, entre trabajadores y proveedores, ingresan todos los días.

“Es sumamente preocupante la decisión que tomó en el gobierno bonaerense. Esto enfrentará a los vigiladores con los vecinos, que, en definitiva, son los que les pegan el sueldo”, dijo un residente de uno de los barrios de Nordelta.

En noviembre pasado, la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada envió una notificación donde se informaba que las empresas de seguridad debían denunciar las reuniones de más de diez personas.

“Se trataba de una medida similar a la que conocimos en los últimos días, y se pedía que la agencia de seguridad denunciara a los propietarios en infracción. Pero era mucho menos restrictiva, porque solo buscaba evitar fiestas, y no como ahora, que alcanza a quien sale de su casa después de las 20″, dijo un vecino de un barrio cerrado del norte del conurbano.

Fiesta clandestina

A principios de este mes, la policía bonaerense desbarató una fiesta clandestina organizada en una propiedad de Nordelta, de la cual participan unas 70 personas. En esa oportunidad, el personal de la fuerza de seguridad provincial detuvo a cuatro personas.

Esa vez, según pudo saber LA NACION, la policía bonaerense fue alertada por un vecino que llamó al número de emergencias 911.

Fuente: Lanacion