El Gobierno promulga leyes de emergencia pero suspende su implementación

Promulgación de nuevas leyes

Este martes, el Gobierno oficializó las leyes de emergencia pediátrica, conocida como Ley Garrahan, y de financiamiento universitario. Ambas normativas fueron aprobadas por el Congreso el pasado 2 de octubre, desestimando los vetos impuestos por el presidente Javier Milei.

Suspensión de la aplicación

A pesar de su promulgación, la implementación de estas leyes se encuentra en suspenso. De manera similar a la legislativa que declara la emergencia en discapacidad, el Ejecutivo ha solicitado al Parlamento que defina el origen de los fondos necesarios para cubrir los gastos que implican estas normas. Con una fuerte mayoría, el Senado revocó los vetos de Milei. Sin embargo, a través de los decretos 759/2025 y 760/2025, que se publicaron en el Boletín Oficial, el Gobierno no habilitó los recursos necesarios para la plena aplicación de las leyes 27.795 y 27.796.

Costo de la Ley de financiamiento universitario

Con el decreto 759/2025, se promulgó la Ley 27.795, que se centra en el financiamiento de la educación universitaria y en la revalorización salarial del personal docente. Este marco jurídico tiene como objetivo asegurar la sustentación del financiamiento de las universidades públicas y la renovación de los salarios del personal educativo, además de ofrecer programas de becas. La ley estipula que el Poder Ejecutivo debe especificar las partidas del programa “Desarrollo de la Educación Superior” para facilitar la inclusión, permanencia y graduación de los estudiantes.

• Incremento de recursos para tecnología, investigación, extensión universitaria y formación docente.
• Actualización de salarios en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
• Incorporación de sumas no remunerativas y no bonificables a los salarios básicos.

Según estimaciones oficiales, el costo total de la ley ascendería a aproximadamente $1,07 billones en 2025, teniendo en cuenta la revalorización de salarios y becas. Para 2026, se prevé que la ley requiera más de $2 billones.

No obstante, su aplicación dependerá de que el Congreso establezca las fuentes de financiamiento y asigne las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional, tal como lo señala el artículo 5° de la Ley N° 24.629 sobre ejecución del gasto público. La Procuración del Tesoro afirmó que intentar ejecutar la norma sin los fondos adecuados sería incompatible con la ley.

Detalles de la Ley de emergencia pediátrica

Asimismo, mediante el decreto 760/2025, el Gobierno promulgó la Ley 27.796, que declara una emergencia sanitaria en salud pediátrica, así como en las residencias nacionales de profesionales de la salud, por un año. Esta ley busca asegurar el acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud infantil y garantizar el funcionamiento de los hospitales pediátricos.

• Reforzar los sistemas de residencias médicas.
• Recomponer los salarios del personal sanitario, ofreciendo incentivos y exenciones fiscales para quienes trabajen en áreas críticas.
• Declarar al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como centro de referencia nacional en atención de alta complejidad.

El costo fiscal de esta ley se estima en $196.270 millones, sugiriendo que los recursos provendrán de la reasignación de partidas dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y de reservas para emergencias sanitarias. Sin embargo, el decreto advierte que esta asignación no proporciona un financiamiento claro ni suficiente, dado que actualmente el Ministerio enfrenta un déficit de $102.400 millones.

Implementar la norma sin una financiación definida podría comprometer programas esenciales, como la distribución de medicamentos a poblaciones vulnerables y los programas de prevención de enfermedades. En este sentido, y de acuerdo con el artículo 5° de la Ley N° 24.629, el Ejecutivo reafirma que la ley permanece en pausa hasta que el Congreso determine fuentes de financiamiento y reúna las partidas necesarias en el presupuesto nacional.

Además, el decreto cuestiona que esta legislación pretenda anular la Resolución N° 2109/25 del Ministerio de Salud, puesto que ello implicaría una intrusión del Congreso en las responsabilidades del Poder Ejecutivo, violando así la separación de poderes.