Investigación a Lázaro Báez por evasión fiscal en sus alquileres
Un nuevo escándalo fiscal alrededor de Lázaro Báez
La historia de muchos criminales suele entrelazarse con la del fisco, donde el famoso Al Capone encontró su talón de Aquiles. Sin embargo, en Argentina, las narrativas a menudo transcurren en sentido inverso. Hoy, Lázaro Báez, quien ya cumple condena en prisión por corrupción, vuelve a ser el centro de atención debido a una reciente investigación relacionada con una maniobra de evasión fiscal.
Apertura de investigación por evasión
La DGI -dependencia de ARCA, la antigua AFIP– ha comenzado indagaciones al descubrir que Báez generó ingresos que superan los 240 millones de pesos entre 2020 y el presente año a través de los alquileres de sus propiedades. Estos procedimientos están dando pie a acciones penales, dado que ni Báez ni su círculo cercano han presentado declaraciones impositivas por Ganancias o Bienes Personales durante este periodo. En términos simples, no han cumplido con sus obligaciones fiscales.
Contratos de alquiler en la mira
Fuentes consultadas señalan que, entre los análisis preliminares de los informes fiscales, ya se han identificado más de 50 contratos relacionados con más de 20 propiedades. Estas viviendas, entre las que predominan en Río Gallegos, sancionan solo una parte del total, ligadas a una de las tantas inmobiliarias que operan dentro de su red de negocios. No obstante, no son las únicas propiedades bajo sospecha. «Aún se está evaluando el monto exacto de la evasión», afirman los investigadores.
El imperio de Báez y sus bienes inmuebles
Los informes judiciales estiman que Báez y su conglomerado poseen alrededor de 600 mil hectáreas adquiridas durante el auge kirchnerista, lo que lo convirtió en uno de los mayores terratenientes del país. Un estudio del Tribunal de Tasación de la Nación de 2017 indicó que este empresario y sus empresas disponen de 418 bienes inmuebles en provincias como Santa Cruz, Chubut, Buenos Aires y otras.
Restricciones a las propiedades pero no a su explotación
Las propiedades de Báez están actualmente en proceso de decomiso como consecuencia de las condenas por corrupción. Aunque están restrigidas en transferencia, no se ha impedido su explotación, lo que ha permitido que continúen arrendadas con contratos vigentes. Además, legalmente, una persona encarcelada puede seguir emitiendo facturas, lo que ha permitido a Báez mantener su negocio de alquiler.
Red de colaboradores y complicidad
La situación delictiva se extiende no solo a Báez, sino también a sus hijos Martín y Leandro, así como a su pareja Claudia Noemí Insaurralde, quien supuestamente recoge los pagos. La investigación también ha vinculado a empleados de Austral Construcciones y funcionarios del actual gobierno de Santa Cruz como inquilinos. Por ahora, los focos de atención se han puesto sobre dos inmobiliarias: Inmobiliaria Patagonia Propiedades y otra conocida como Albert o Master Gestoría Inmobiliaria, ambas supuestamente gestionan propiedades de Báez y realizan el movimiento de ingresos derivados de los alquileres.
Consecuencias dentro de la DGI
Este entramado de alquileres en efectivo ha generado repercusiones dentro de la DGI, provocando cambios en las jefaturas de la Agencia y de Recaudación de Río Gallegos. La actuación ha sido cuestionada por haberse dejado pasar casi hasta la prescripción de los delitos. Las miradas se han centrado en funcionarias de alto rango del organismo recaudador, que habían sido designadas por Virginia García, con lazos familiares con un alto dirigente del kirchnerismo, que actualmente ejerce en el Senado.
