Milei Nombra Nuevos Jueces Federales en Santa Fe y Acepta Renuncia de un Camarista
Nuevas designaciones en el sistema judicial
El presidente Javier Milei ha oficializado la designación de tres jueces federales para la provincia de Santa Fe este viernes, además de aceptar la renuncia de un magistrado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, conforme a una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial.
El Anuncio se realizó a través del Decreto 445/2026, donde se nombra a Emilio Rosatti como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, esto tras el acuerdo previo del Senado de la Nación, tal como indica el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional. A su vez, el Decreto 446/2026 designó a Walter Alberto Rodríguez como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2, y el Decreto 447/2026 nombró a Santiago Joaquín Saux al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela.
Todos los decretos llevan la firma del presidente Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y especifican que estas designaciones cuentan con la aprobación del Senado.
Renuncia en la Cámara Nacional de Apelaciones
En otro contexto, mediante el Decreto 444/2026, el Gobierno aceptó la renuncia de Roberto Parrilli al cargo de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B. Esta renuncia tendrá efecto a partir del 1 de agosto de 2026 y fue formalizada con la publicación de la medida. Según el decreto, esta decisión se tomó bajo las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo para manejar la designación y desvinculación de magistrados.
Postergación del Código Procesal Penal Federal
Paralelamente, el Ministerio de Justicia decidió postergar la implementación del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que estaba programada para el 15 de junio. A través de la Resolución 274/2026, el ministro Mahiques anunció que la nueva fecha de entrada en vigencia será a las 00 horas del 8 de marzo de 2027.
La razón de esta decisión radica en la necesidad de mejorar la infraestructura, completar el equipamiento tecnológico y fortalecer los recursos humanos requeridos para facilitar la implementación del sistema acusatorio. La resolución indica que, tras las inspecciones realizadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, la Procuración General de la Nación y otras entidades, se identificó la necesidad de reforzar salas de audiencias, espacios para oficinas judiciales y herramientas para la investigación de delitos complejos.
El Gobierno aseguró que esta postergación tiene como objetivo garantizar que la reforma procesal se desarrolle en «condiciones óptimas de funcionamiento institucional», en una jurisdicción considerada como una de las más complejas del país, dada su extensión territorial, el volumen de causas y la relevancia estratégica de las investigaciones relacionadas con el narcotráfico, contrabando y criminalidad económica.
