La controversia financiera entre ARCA y empresas del sector continúa
Conflicto millonario en curso
Un enfrentamiento millonario se desarrolla entre el Gobierno y un grupo de empresas de energía, finanzas y juegos, debido a discrepancias en las declaraciones de Ganancias de 2024. Las compañías defienden su posición apoyándose en un fallo de la Corte Suprema, mientras que ARCA propone un plan de pagos previsto para 10 años, con una tasa de interés mensual de 1%, notablemente inferior a la inflación actual.
Desarrollo de la situación
Este conflicto inició a mediados de año y ha ido incrementándose con el tiempo. Según informes previos, los intercambios entre el fisco y los contadores de las empresas se han intensificado, con ARCA amenazando con emprender acciones legales. Andrés Vázquez, quien ocupaba el cargo de director de la Dirección General de Impuestos (DGI), asumió recientemente el control de la administración fiscal al sustituir a Juan Pazo. Vázquez logró que el Ministerio de Economía revisara las declaraciones de Ganancias de las empresas y que la Dirección Nacional de Impuestos emitiese un dictamen para habilitar un plan de pagos en cuotas, garantizando que el fisco no consideraría este acuerdo como omisión tributaria.
Detalles del plan de pagos
El plan de pagos ha sido renovado varias veces, y en su última versión ofrece hasta 120 cuotas mensuales, es decir, un plazo de hasta diez años. La tasa de interés de 1% mensual será válida hasta el último día de 2025, periodo en el que se prevé una posible nueva prórroga mientras las empresas continúen ingresando.
La raíz de la disputa
La controversia se intensificó cuando las empresas comenzaron a remitir a ARCA sus declaraciones de Ganancias de 2024, alegando la necesidad de contabilizar pérdidas de años anteriores, conocidos como quebrantos. Las compañías enviaron certificaciones contables al fisco, pero posteriormente ARCA notificó que los descuentos realizados eran erróneos y exigió el pago de la diferencia. Mientras algunas estimaciones privadas sugieren que la discrepancia podría ascender hasta US$ 4.000 millones, el Gobierno prefiere no hacer cálculos específicos sobre este monto.
Perspectivas legales
Los contadores argumentan a su favor basándose en un artículo de la ley del impuesto a las Ganancias, que permite la actualización por inflación. Desde una de las empresas implicadas, se señala que no habían surgido cuestionamientos de esta naturaleza por parte del fisco en años anteriores. En contraste, las empresas más pequeñas han optado por adherirse al plan de pagos, debido al riesgo financiero que representan las reclamaciones de ARCA. Un representante de una de las compañías más afectadas comentó: «Si hubiera que pagar la diferencia reclamada por ARCA, algunas empresas podrían enfrentar quiebras o entrar en concurso de acreedores».
Antecedentes judiciales
Los abogados de las empresas mencionan un fallo de la Corte Suprema sobre un caso de Telefónica de 2002 como un precedente favorable, indicando que la falta de actualización por inflación puede considerarse confiscatoria. Sin embargo, la Dirección Nacional de Impuestos ha anticipado que su postura este año es contraria, argumentando que la ley de Ganancias no habilita de manera lineal dicha actualización de quebrantos. Por último, el fisco ha calificado el plan de pagos como «muy atractivo» ante las consultas de los medios.
