El nuevo director del INDEC explora tres vías para actualizar el índice de inflación
Evaluación de nuevas alternativas tras la salida de Lavagna
Después de la renuncia de Marco Lavagna al INDEC, ocurrida hace un mes debido a la suspensión del nuevo índice de inflación, su sucesor Pedro Lines ha comenzado a considerar distintas opciones para modernizar este indicador. La metodología actual, considerada obsoleta, acarrea un atraso de 20 años y ha sido cuestionada por el Fondo Monetario Internacional.
La dimisión de Lavagna se produjo el 2 de febrero, justo dos días antes de que se anunciara una inflación del 2,9% en enero, la cifra más alta en ocho meses. En su momento, Lavagna había planeado implementar el nuevo índice de precios al consumidor (IPC) basándose en la encuesta de gastos de los hogares que se realizó en 2017/2018, un proyecto previamente convenido con el FMI, pero que se fue retrasando, culminando en la decisión del Presidente de detener su lanzamiento.
Opciones sobre la mesa
Actualmente, Lines contempla varias alternativas, además del índice que se elabora en conjunto con el Fondo, opción que podría requerir de hasta cuatro años de trabajo. Una de las posibilidades es desarrollar una nueva canasta de consumo para 2027, ya que la encuesta de 2017 ha quedado desactualizada por el paso del tiempo.
Otra opción considerada es implementar un «modelo español» de IPC dinámico. Este modelo se basaría en cuentas nacionales, datos de consumo y estadísticas comerciales, permitiendo ajustes más frecuentes en los ponderadores y una reacción más rápida a los cambios en los hábitos de consumo.
Fuentes internas del organismo indicaron: «Se están estudiando un conjunto de opciones. Cuando tengamos novedades sobre este tema, las informaremos por nuestros canales institucionales habituales».
Colaboraciones y revisiones
Lines ha expresado en encuentros privados su intención de discutir la necesidad de revisar el IPC con Luis Caputo. Además, recientemente mantuvo conversaciones con otros expertos, como José María Donati, titular de su par en la Ciudad, quienes acordaron estrechar la colaboración técnica entre ambos institutos estadísticos.
El INDEC comenzó a considerar nuevas variantes en la elaboración del IPC tras la visita de una misión del FMI a Argentina, donde los técnicos requirieron clarificaciones al equipo de Caputo sobre los recentres en la elaboración del índice que habían propuesto.
Propuesta de armonización con la Ciudad
También se discutió la posibilidad de «armonizar» el indicador de inflación con el que se utiliza en la Ciudad. Para calcular el IPC Nacional, el INDEC releva precios en 39 aglomerados urbanos, donde la región del Gran Buenos Aires representa prácticamente el 50% del mismo. Las oficinas provinciales recogen los precios y los envían al INDEC para confeccionar el IPC, mientras que para CABA y su área metropolitana, el INDEC realiza su propio monitoreo.
Recientemente, la Ciudad propuso que se le trate como a las provincias, permitiendo que el INDEC utilice los datos que provee su instituto. Sin embargo, desde el organismo se teme que esto limite su control sobre los movimientos de precios en la región más significativa del país y podría resultar en la reducción del personal encuestador.
Proyecciones de un nuevo IPC
El director del Observatorio Social de la UCA, Agustín Salvia, opinó que lo más efectivo sería utilizar inmediatamente la canasta que ya está lista, en lugar de esperar por una nueva. Salvia expresó que la aplicación del modelo dinámico presenta dificultades debido a la falta de una economía formalizada.
Por su parte, Martín Rozada, de la Universidad Torcuato Di Tella, planteó que elaborar un nuevo IPC podría tardar hasta seis años, sugiriendo que los resultados de una nueva encuesta estarían listos en 2030, luego de lo cual se requerirían meses adicionales para definir una nueva canasta y al menos un año más para establecer el año base del nuevo IPC. Según Rozada, este optimista calendario implicaría un nuevo IPC en algún momento de 2031 o 2032.
En cuanto al modelo «encadenado» de España, afirmo que «sería una actualización anual de los ponderadores de los grandes grupos de bienes”, pero cuestionó su viabilidad en Argentina por la falta de financiamiento necesario para llevarlo a cabo.
