Solicitan 14 años de prisión para policías de Rosario por un esquema de corrupción con combustible
Solicitudes de penas severas por corrupción
El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe ha solicitado condenas de hasta 14 años de prisión para varios altos mandos policiales y civiles involucrados en un esquema de fraude relacionado con el uso de fondos destinados a combustible de la Unidad Regional II de Rosario.
La denuncia abarca a 19 miembros de la fuerza policial y dos civiles que habrían participado en el desvío de recursos públicos mediante facturación irregular y retornos ilegales.
Detalles sobre los acusados
La investigación, liderada por el fiscal José Luis Caterina, ha puesto el foco en el ex jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, a quien se le pide una condena de 12 años, y su ex secretario privado, Rodrigo Domínguez, para quien se establecen 14 años de prisión.
Ambos son acusados de encabezar una asociación ilícita activa entre mayo de 2023 y mayo de 2025, utilizando sus posiciones de poder para establecer un sistema de sobrefacturación y facturación fantasma en la carga de combustible oficial. La fiscalía también ha solicitado su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos como pena accesoria por el delito de peculado.
Avance de la causa y evidencias recabadas
La causa se encuentra en la fase final preparatoria y ha llegado a la audiencia preliminar. Durante este proceso, se ha descrito una estructura jerárquica que va desde Acosta y Domínguez, a quienes designaron jefes de secciones y encargados de carga responsables de la facturación fraudulenta. Entre los involucrados también se menciona a la civil Mónica Bianconi, quien fue solicitada con una pena de 8 años y es titular de la estación de servicios Gas Auto Tiferno, que facilitó las operaciones fraudulentas.
Ocho ex altos mandos de la policía permanecen detenidos, incluyendo a Acosta y Domínguez, con penas que oscilan entre 5 y 7 años de prisión, dependiendo de su papel en la organización criminal.
- Entre los detenidos se encuentran:
- Diego Santamaría (ex jefe del Comando Radioeléctrico)
- Héctor Saucedo (ex jefe de la Brigada Motorizada)
- Juan Alberto Villordo (ex numerario de Motorizada)
- Diego Luna (ex integrante del Cuerpo de Guardia de Infantería)
- Roberto Blanco (ex integrante de la Sección Logística)
- Juan Manuel Herrera (subjefe de Motorizada)
Además de estos, otros ex miembros de la fuerza están imputados y el caso sigue su curso hacia el juicio. Este escándalo ha revelado graves fallas en los sistemas de control interno de la policía de Rosario.
Evidencias comprometedoras
Las pruebas obtenidas incluyen informes de GPS que muestran cargas de combustible en unidades policiales que se encontraban paradas o fuera de servicio. También se han presentado fotografías de efectivos recogiendo sobres con dinero en la estación Tiferno y el secuestro de 25 millones de pesos y neumáticos en el hogar de Domínguez, así como más de 300 tarjetas Visa Flota encontradas junto con un posnet en la vivienda de otro acusado, Juan Villordo.
Una declaración de un policía como imputado colaborador ha sido crucial para desentrañar el mecanismo delictivo. Se sostiene que Daniel Acosta habría empezado a diseñar este esquema incluso antes de asumir su cargo, colocando a personas de confianza en posiciones clave.
Desde su jefatura, Acosta autorizaba cargas extraordinarias de combustible bajo el pretexto de emergencias de seguridad, según la fiscalía, sin que estos fondos se utilizaran para su fin original. A su vez, se instauró un sistema informal de «multas» y presiones para asegurar retornos de dinero de cada sección.
Por otro lado, Rodrigo Domínguez es descrito como el organizador operativo, encargado de disciplinar a los mandos intermedios y de exigir pagos ilegales, llegando a hacerlo incluso durante sus vacaciones en Brasil con Acosta. Se le atribuye un considerable enriquecimiento personal gracias a estas prácticas y un esquema de coerción para mantener la lealtad dentro de la organización.
La estación Gas Auto Tiferno juega un papel central en este escándalo, con pruebas de cargas diarias de combustible en vehículos que estaban fuera de servicio, así como la detección de vehículos que figuraban como abastecidos a pesar de estar dañados. Los acuerdos ilegales con Tiferno sirvieron para canalizar los retornos y llevar a cabo el desfalco al Estado provincial.
