Los jóvenes denunciados por matar a un coipo en Bahía Blanca afirman haber recibido amenazas
Denuncias y amenazas hacia los acusados
Dos jóvenes que se grabaron matando a un coipo en Bahía Blanca han declarado que han recibido amenazas tras la difusión del video en redes sociales. Ambos planean solicitar a la Justicia que realice un análisis de sus teléfonos móviles para verificar la existencia de estos mensajes intimidatorios.
Los dispositivos ya se encuentran bajo la custodia de los investigadores, quienes los incautaron durante allanamientos en relación con los implicados, Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre. Según información proporcionada por el medio local La Brújula 24, los jóvenes, originarios de Huanguelén, buscan que se documenten en el caso los numerosos mensajes amenazantes que han recibido, y que se tomen las medidas adecuadas contra quienes los enviaron.
El incidente y la reacción comunitaria
El incidente se produjo en la madrugada del sábado, cuando el coipo, un roedor semiacuático que se asemeja a la nutria, fue acorralado y brutalmente atacado, mientras los agresores se grababan y hacían comentarios sobre la situación. En el video se pueden escuchar frases como: «Alta comida son. Alta nutria. Alto escabeche, compa«. A pesar de los gritos de una mujer pidiendo que se detuvieran, el ataque continuó.
La indignación de la comunidad creció tras la denuncia penal presentada por Morena Loncaric, presidenta de la Fundación Grupo Alianza Animal, quien destacó que el animal ya había sido buscado con anterioridad por personal de Zoonosis para su rescate. Según reciente información, ambos jóvenes se han trasladado a vivir a Bahía Blanca para continuar con sus estudios universitarios.
Reacciones institucionales
La reacción en redes sociales fue contundente, provocando que tanto los jóvenes como sus familiares cerraran o limitasen sus perfiles. El pasado martes, la Municipalidad de Bahía Blanca se presentó como parte afectada ante la Justicia. El intendente Federico Susbielles declaró: «Aquí en Bahía nos cuidamos y protegemos como comunidad, y los animales también merecen ese respeto y esa protección. Por eso el maltrato animal no puede ser nunca naturalizado ni considerado una conducta ‘aceptable’».
Según la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre así como el Código Rural provincial, quienes cometen infracciones como esta podrían enfrentar penas de hasta dos años de prisión.
