Avanza la investigación contra Ariel Vallejo por un supuesto esquema de lavado de más de $40 mil millones del juego ilegal
Progreso en la investigación
La indagación en curso contra Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y conocido financista del dirigente futbolístico Claudio “Chiqui” Tapia, está tomando fuerza. El día de hoy, la fiscal Cecilia Incardona solicitó su procesamiento con prisión preventiva debido a cargos de lavado de dinero y evasión fiscal.
Pruebas del esquema de lavado
Entre las evidencias recolectadas se encuentra el funcionamiento de un supuesto sistema diseñado para lavar dinero obtenido del juego ilegal en línea, además de realizar operaciones de cambio irregulares y financiamiento no autorizado. Los elementos del caso incluyen:
- Transacciones millonarias en billeteras virtuales.
- Declaraciones de personas involucradas en casinos clandestinos.
- Comunicaciones telefónicas interceptadas.
- Documentación confiscada en operativos judiciales.
Según la fiscalía, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, Sur Finanzas habría facilitado la introducción de fondos ilícitos en el circuito financiero formal, utilizando billeteras virtuales y una cuenta corriente en el Banco Hipotecario. Desde dicha entidad, aseguran que Sur Finanzas presentó todos los documentos necesarios para operar.
Análisis de transacciones financieras
Uno de los movimientos más significativos detectados involucraba una billetera virtual vinculada a Ignacio L. M., donde se procesaron $39.456 millones. A esta cifra se suman:
- $15.706 millones en la cuenta de Juan I. C..
- $1.071 millones en la de Catriel T..
- $7.285 millones en la de Jonathan L. L..
Las transacciones de tres de estos individuos están supuestamente ligadas al casino online ilegal, y la Justicia de La Plata ya está investigando las maniobras. Además, el dinero asociado a una persona con el apellido Ledesma sería resultado de operaciones de financiamiento no autorizadas realizadas por Sur Finanzas.
Operaciones de créditos y cheques sin autorización
La teoría de la fiscalía indica que la red involucrada en el juego ilegal utilizaba datos biométricos de terceros para abrir cuentas en billeteras virtuales a su nombre, las cuales recibían los fondos provenientes de apuestas ilegales. Estos fondos se distribuían a cuatro beneficiarios finales: Ignacio L. M., Catriel T., Juan I. C. y un cuarto conocido como Scigliano.
Estos operadores habrían gestionado la dispersión de las recaudaciones y su posterior inclusión en el sistema financiero formal a través de varios prestadores de servicios de pago, incluido Sur Finanzas. Entre las evidencias clave se destaca la declaración de Mauro Perrotta, quien el 26 de agosto de 2026 admitió haber gestionado uno de los paneles encargados de comercializar las fichas de apuestas.
Se ha identificado también que una línea telefónica asociada a una cuenta de Ualá, registrada bajo el nombre de “Araya”, estaba etiquetada como “CASINO 24HS”. En una conversación interceptada el 19 de enero de 2026, la interlocutora reprochó a Perrotta su actuación con respecto al casino, a lo que él contestó que había mantenido esa actividad durante más de un año.
Operaciones financieras sospechosas
La fiscalía asevera que Sur Finanzas captaba recursos del público, utilizándolos para otorgar créditos y descontar cheques, a pesar de no contar con la autorización del Banco Central. Si bien la empresa estaba registrada como proveedora de servicios de pago, Incardona argumenta que administraba los fondos de sus usuarios sin la separación adecuada de sus propias finanzas.
Desde octubre de 2024 hasta diciembre de 2025, la firma gestionó un total de 51.436 cheques por un monto superior a $189.658 millones. La investigación también ha podido identificar un préstamo de $702 millones otorgado a Taubenschlag en 2024 y diversas transacciones financieras con Argentinos Juniors.
Adquisición de bienes inmuebles y operaciones cambiarias irregulares
Otro aspecto que llama la atención en la investigación es el uso de dinero proveniente de violaciones al régimen cambiario para establecer empresas y adquirir propiedades.
La fiscalía sostiene que Centro de Inversiones Concordia S.R.L. mantuvo, entre septiembre de 2020 y octubre de 2022, tenencias de moneda extranjera que excedían los límites establecidos sin la autorización necesaria del Banco Central, calculando ese exceso en USD 103.548.677. Las operaciones realizadas con dicho volumen de divisas generaron ganancias irregulares que superan los $207 millones, fondos que supuestamente fueron usados para establecer Sur Finanzas Group S.A..
Asimismo, se ha identificado la compra de seis unidades funcionales en un edificio de Adrogué por parte de Cluster Palace Beach S.A. por un total de USD 600.000, equivalente a $387,3 millones según las escrituras. La fiscalía considera que dicho dinero proviene de transgresiones al Régimen Penal Cambiario perpetradas a través de Ars Cambios S.A.S..
Finalmente, todas estas operaciones forman parte de una reconstrucción presentada por Incardona ante el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien deberá determinar sobre la solicitud de procesamiento. La acusación sostiene que Vallejo utilizó diversas sociedades, billeteras virtuales y cuentas bancarias con el fin de transformar fondos provenientes de actividades ilegales en patrimonio con apariencia legal.
