Un juicio histórico revela la corrupción en la policía y el narcomundo

La lucha contra la corrupción policial

Investigar a los agentes policiales es siempre complicado, especialmente cuando se señala que estos están involucrados en ilícitos, guiados por funcionarios judiciales. Esto es particularmente cierto cuando las víctimas son narcotraficantes, quienes tienen poco interés en realizar denuncias.

Contra esta adversidad, la Justicia Federal de San Isidro se enfrentó, liderada por el fiscal Fernando Domínguez. Su misión fue desmantelar la División de Investigaciones del Tráfico Ilícito de Quilmes y la de San Isidro, además de lograr la separación del influyente fiscal Claudio Scapolan, quien manejaba casos complejos en el Departamento Judicial de San Isidro.

Un veredicto histórico tras años de lucha

El caso comenzó a cobrar relevancia el 24 de julio de 2020, en plena pandemia de COVID-19. La causa llegó a juicio oral el 23 de octubre de 2024 y se culminó con un veredicto histórico el 12 de agosto, que abarcó a 31 personas: 25 miembros de la Policía Bonaerense, dos abogados y cuatro particulares.

El tribunal, Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, impuso 24 condenas que van hasta los 17 años de cárcel para los policías involucrados, incluidas figuras destacadas como Adrián «Palermo» Baeta, quien fue juzgado por hacerse con media tonelada de cocaína sustraída a un grupo de narcotraficantes conocido como los Loza.

El trágico desenlace de Diego «Dolarín» Guastini

El contador Diego «Dolarín» Guastini, quien fue asesinado por sicarios, jugó un papel crucial al delatar a Baeta durante el proceso. En la mañana del 28 de octubre de 2019, Guastini fue atacado cuando se dirigía a su oficina en un elegante Audi A4. Fue rodeado y muerto a tiros en un complot bien orquestado. Solo días antes, había ofrecido su testimonio como arrepentido ante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), donde implicó a Baeta por el robo de cocaína.

En este juicio, a Baeta se le impuso una pena de 17 años, la misma que recibieron otros altos mandos policiales involucrados, como el ex comisario Marcelo Di Rosa, el ex subcomisario Juan José Magraner y el también ex comisario Roberto Okurzati.

Un entramado de corrupción expuesto

Los jueces, en su fundamentación de 749 páginas, retrataron un aterrador panorama del sistema de corrupción. Coincidieron con el relato del fiscal Marcelo García Berro, subrayando la «ausencia» del ex fiscal Claudio Scapolan, cuyo papel fue fundamental en muchos actos de corrupción.

A pesar de que aún no ha llegado a juicio, Scapolan fue procesado por delitos menores, y toda la información del juicio será remitida al fiscal Domínguez para una investigación más exhaustiva.

Los magistrados subrayaron que el caso refleja serias violaciones a los derechos humanos, no como hechos aislados, sino como parte de un sistema estructural de corrupción que implicó a altos jefes policiales y a otros actores, como civiles y abogados que facilitaron el encubrimiento de estos delitos.

• Los jueces denunciaron la gravedad de las maniobras que se realizaban con apariencia de legalidad.
• Se evidenció un marco de criminalidad organizada, aprovechando el aparato estatal para sus propios fines.
• Se describieron también prácticas que comprometieron la salud pública y la administración de justicia, mermando derechos fundamentales.

Este fallo resalta la magnitud de la problemática de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial.