Aumento del conflicto universitario: convocan a «una marcha masiva» ante la falta de aplicación de la ley de financiamiento
Convocatoria a una nueva marcha federal
Las universidades nacionales han decidido organizar una nueva marcha federal programada para el 12 de mayo, debido a la demora del Gobierno en implementar la Ley de Financiamiento. Este evento será la cuarta protesta desde que Javier Milei asumió la presidencia.
Objetivos de la marcha
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial, hacen un llamado a la sociedad para movilizarse hacia la Plaza de Mayo. El propósito es defender la “educación, la universidad pública y la ciencia nacional” y se espera que la marcha cuente con una asistencia masiva. «Esperamos que el pueblo argentino dé una señal clara que quiere un país en el que los jóvenes de todas las clases sociales puedan ir a la universidad», afirmó Clara Chevalier, presidenta de la CONADU.
Reclamaciones y respuesta del Gobierno
Los rectores, docentes y estudiantes insisten en la aplicación efectiva de la ley aprobada por el Congreso. El Gobierno, en contraste, ha presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para suspender la ley, impidiendo así mejoras salariales, la recomposición de becas y la asignación de fondos para programas de investigación, tal como fue solicitado en dos fallos judiciales. Según la administración actual, la ley no especifica las fuentes de financiamiento ni las partidas necesarias, lo que podría afectar el equilibrio fiscal. De acuerdo con el análisis de la Procuración del Tesoro, su implementación requeriría la reasignación de más del 90% de los créditos destinados a gastos primarios, lo que pondría en peligro funciones esenciales del Estado.
Argumentos del sistema universitario
Sin embargo, representantes del ámbito universitario rechazan esta postura. Joaquín Carvalho, presidente de la FUA, sostiene que “la ley solo representa el 0,23% del PBI, algo ínfimo para la Argentina”. Por su parte, Clara Chevalier advierte que “el sistema universitario no puede sobrevivir ante las condiciones de asfixia presupuestaria que enfrentamos”.
Condiciones de financiamiento y situación salarial
El CIN reporta que las transferencias a las universidades han caído 45,6% desde 2023, y que el 93% del presupuesto destinado al sistema universitario se utiliza únicamente para salarios. Desde la CONADU, se destaca que la pérdida de poder adquisitivo de los docentes es “inédita” y se estima que el deterioro alcanza el 50%.
Exigencias a la administración actual
Los sindicatos de universidades afirman que la implementación de la ley es crucial para actualizar las partidas destinadas a salarios y becas. “Aunque haya una ley sancionada por el Congreso y un fallo judicial que ordena su aplicación, el Gobierno Nacional permanece indiferente y no proporciona respuestas”, manifestaron los rectores. En este contexto, la comunidad universitaria se movilizará nuevamente el 12 de mayo.
Reiteradas movilizaciones y conflicto persistente
Desde el año 2024, se ha mantenido el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, resultando en tres movilizaciones anteriores, siendo la primera en abril de ese mismo año. El 21 de octubre de 2025, el Gobierno promulgó la ley de financiamiento universitario, tras el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei, aunque su ejecución fue suspendida hasta que se definan las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas necesarias en el presupuesto. Esta situación ha intensificado el conflicto con las universidades que insisten en una implementación efectiva.
Desarrollo judicial y nuevas propuestas
Los procedimientos legales han avanzado con un fallo de primera instancia y su confirmación en Cámara que ordenó la aplicación de artículos clave de la ley sobre la recomposición salarial y el financiamiento. El Estado ha apelado estas determinaciones, manteniendo el caso en discusión. A su vez, la administración actual presentó un nuevo proyecto al Congreso que modifica la ley vigente, el cual no contempla la recomposición por los años 2024 y 2025. Además, para 2026, se establece que solo habrá una actualización del presupuesto si la inflación anual supera el 14,3%. Así, si el IPC sobrepasa la variación estimada, las universidades recibirán una actualización real para sus gastos operativos.
