Cuando la dictadura admitió la muerte de los desaparecidos y trató de eludir su responsabilidad en un «documento final»
Reconocimiento de la dictadura en 1983
La elección de la fecha por parte de la dictadura en su ocaso es incierta, si fue un error o un acto final de cinismo por parte de los responsables del genocidio en Argentina. El 29 de abril de 1983 conmemoraba precisamente seis años desde que las Madres de Plaza de Mayo empezaron sus rondas demandando saber el paradero de sus hijos desaparecidos por los grupos de tareas.
El **Documento Final de la Junta Militar sobre la Lucha contra la Subversión y el Terrorismo**, junto con el **Acta Institucional**, fue dado a conocer en esa fecha. Este documento había sido elaborado por miembros de las tres fuerzas armadas, clandestinamente denominado “Delta”, con la intención de justificar la represión sistemática ejecutada durante la dictadura y evitar consecuencias legales tras la recuperación de la democracia en el país.
Antecedentes de la situación
Había pasado casi cuatro años desde que, a raíz de una valiente pregunta del periodista José Ignacio López sobre el destino de los desaparecidos, el dictador Jorge Rafael Videla había opinado cínicamente que, “frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita… no está… ni muerto ni vivo, está desaparecido”.
El anuncio anticipado del documento final ocurrió la noche anterior, el 28 de abril, cuando la cadena nacional interrumpió su programación para que un locutor oficial presentara un texto, que duró 44 minutos, acompañado de imágenes que intentaban representar las actividades de las organizaciones guerrilleras.
Contenido del documento
Este documento fue presentado como un balance en el que la Junta Militar sostenía que las violaciones a los derechos humanos no podían ser juzgadas acorde a la normativa habitual, al inscribirlas en un contexto de guerra. En él se mencionaba que se habían cometido errores durante el conflicto que debían ser juzgados por la consciencia individual. El reconocimiento de que los desaparecidos estaban muertos fue un hecho significativo aunque encubierto por justificaciones de la represión.
- La Junta confirmó que los desaparecidos estaban muertos.
- Afirmó haber actuado en una “guerra inédita” y se encomendó al juicio de la Historia.
- Propòsito de cerrar el tema para garantizar la impunidad.
Reacciones políticas
La divulgación del Documento Final generó diversas reacciones dentro del espectro político argentino, convirtiéndose en un tema central de las campañas electorales. El peronista Antonio Cafiero criticó el documento por no ofrecer información veraz. A su vez, el justicialista Vicente Leónidas Saadi expresó que la Junta había confundido los hechos y habían actuado con arrogancia.
Por otro lado, Ítalo Argentino Luder, ex presidente provisional, apoyó la postura de la Junta. A su vez, Rogelio Frigerio, en nombre del desarrollismo, reprimió la falta de reconocimiento de la verdad en el documento.
Dentro del radicalismo, las opiniones variaron. Juan Trilla ofreció un enfoque moderado, apoyando a las Fuerzas Armadas mientras requería justicia, algo que Raúl Alfonsín rechazó enérgicamente, ya que abogó por la rendición de cuentas.
La ley de autoamnistía
A pesar de las críticas, la última Junta Militar promulgó una ley de autoamnistía que facilitaba la impunidad para los crímenes de la dictadura, la cual se constituyó el 22 de septiembre con el título de “Ley de Pacificación Nacional”. Este documento contenía disposiciones que eximían de responsabilidad a los perpetradores.
- Se declaraban extinguidas las acciones penales por delitos terroristas o subversivos.
- Se aseguraba que nadie sería cuestionado por haber cometido esos delitos o por conocimiento de ellos.
Consecuencias y memoria colectiva
La promulgación de esta ley se convirtió en un eje central de las campañas presidenciales. Ítalo Luder defendió su validez, mientras que Raúl Alfonsín prometió su derogación. Tras asumir, Alfonsín firmó un decreto para juzgar a las juntas militares.
Cincuenta años después del golpe del 24 de marzo de 1976, el recuerdo de aquellos años continúa vigente en Argentina. En una encuesta reciente, alrededor del 70% de los argentinos apoya mantener los juicios por violaciones a los derechos humanos, con un 63% opinando que no existían justificaciones para la intervención militar de 1976. La memoria de los desaparecidos y la violencia estatal persiste, evidenciando la lucha por la justicia y la verdad frente a los intentos negacionistas que aún existen.
