Rescate de un jubilado explotado en la calle
Rescatan a un hombre de 84 años en condiciones inhumanas
Un hombre de 84 años, conocido como «Cacho», vivió un calvario en el barrio de Mataderos, Buenos Aires, donde fue mantenido cautivo y obligado a pedir dinero en las calles para beneficio de una banda que aprovechó su situación vulnerable. Este nefasto acontecimiento quedó al descubierto gracias a una denuncia anónima, que llevó a la intervención de la justicia. El juez federal Julián Ercolini procesó a los tres acusados, quienes enfrentarán prisión preventiva por su papel en este cruel abuso.
La investigación y el rescate
La pesadilla del anciano se desarrolló entre marzo y mayo de este año, bajo la explotación sistemática por parte de una pareja —un hombre de 64 años y una mujer de 39— y un cómplice de 65 años. De acuerdo con el fiscal Eduardo Taiano, los acusados trataron al jubilado “como un mero objeto de uso” para su propio beneficio económico.
Diariamente, «Cacho» era forzado a situarse en la esquina de Tapalqué y Murguiondo para pedir limosna. La vigilancia de los acusados era constante; lo interceptaban tanto por la mañana como por la tarde, despojándolo de cada peso que lograba recoger. Además, la banda le confiscó su DNI y tarjeta de débito, administrando su jubilación y vaciando sus ingresos en un acto de explotación extrema.
Condiciones deplorables de cautiverio
El caso fue denunciado a la línea 145 de la Coordinación Nacional de Rescate, llevando a la Procuraduría de Trata y Exploitación de Personas (PROTEX) a radicar la denuncia formal. Al momento del rescate, los agentes del Departamento Trata de Personas se encontraron con un entorno desolador: el jubilado vivía en condiciones infrahumanas, rodeado de basura, excremento y orina.
A pesar de que el anciano afirmó que “estaba bien” al ser rescatado, evaluaciones psicológicas confirmaron el severo estado de aislamiento y sometimiento al que fue sometido, lo que anuló su voluntad. Tras la recopilación de evidencias, el juez Ercolini procesó a los tres implicados por el delito de trata de personas, agravado por la vulnerabilidad de la víctima y su avanzada edad.
Consecuencias legales
La Justicia no solo ordenó la prisión preventiva de los responsables, sino que también impuso un embargo de 20 millones de pesos a cada uno y aseguró el embargo preventivo sobre la propiedad donde el jubilado sufrió este abuso, garantizando así su protección habitacional.
