Ratificación de la Prohibición de Asistencia a Estadios para Rafael Di Zeo
El Gobierno Nacional Rechaza la Solicitud de Di Zeo
El Gobierno nacional ha desestimado el recurso presentado por Rafael Di Zeo, líder de la barra brava del club Boca Juniors, ratificando así la suspensión que le impide asistir a eventos deportivos en todo el país. Esta decisión fue oficializada a través del Decreto 180/2026, el cual fue publicado en el Boletín Oficial.
Detalles de la Sanción
El recurso jerárquico que Di Zeo interpuso fue rechazado, manteniendo firme la prohibición impuesta por el ex Ministerio de Seguridad en noviembre de 2024. La medida conocida como «restricción de concurrencia administrativa» permanecerá vigente de manera indefinida en todo el territorio nacional.
Contexto de la Prohibición
La prohibición original fue emitida a fines de 2024 tras la divulgación de un audio en el portal Infobae, donde Di Zeo profería amenazas directas a la cúpula de Seguridad y al programa «Tribunas Seguras». Aunque el líder de «La Doce» argumentó que su voz había sido alterada mediante Inteligencia Artificial, el Gobierno reafirmó la validez del material y la peligrosidad de su contenido.
Justificación de la Medida
Las autoridades consideran que esta decisión es una medida preventiva para salvaguardar la seguridad pública y se enmarca dentro de las atribuciones del actual Ministerio de Seguridad. El decreto enfatiza que la limitación se instauró en ejercicio del poder de policía en materia de seguridad, con el fin de proteger la integridad de las personas y los bienes durante los eventos deportivos.
Alegaciones de Di Zeo
A pesar de sus intentos por impugnar la sanción, argumentando la falta de peritajes y la violación de derechos fundamentales como el debido proceso y la libre circulación, el Gobierno determinó que no se presentaron nuevos elementos que justifiquen un cambio en la decisión original. Los reclamos ya habían sido evaluados y desestimados anteriormente por la Resolución 71/2026 del Ministerio de Seguridad.
Próximos Pasos
Con la promulgación del decreto, el Gobierno considera que se ha agotado la vía administrativa, aunque Di Zeo tiene la opción de apelar a la Justicia dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.
