Nuevas negociaciones entre el Gobierno y universidades por beneficios fiscales
Propuesta de Beneficios Fiscales
En el marco de las negociaciones para **modificar la Ley de Financiamiento Universitario**, el Gobierno está considerando la posibilidad de **mantener reducidas las contribuciones patronales** que deben pagar las universidades. Estas contribuciones corresponden a los aportes obligatorios que las instituciones educativas, en su rol de empleadoras, deben realizar al sistema de seguridad social por cada uno de sus empleados, ya sean docentes, no docentes o autoridades.
La Casa Rosada busca establecer un acuerdo que vincule el régimen gestionado por ARCA con un incremento en el presupuesto para el **año 2027**, con el objetivo de acercar posturas entre el Gobierno y las instituciones educativas.
Detalles de las Contribuciones Patronales
Las autoridades del Ejecutivo han confirmado que las contribuciones son un tema negociable, aunque aún no se ha determinado la tasa que se propondrá. Las conversaciones se están llevando a cabo informalmente con las universidades, y en la actualidad no existe un acuerdo formal con el **Consejo Interuniversitario Nacional**.
La discusión gira en torno a un régimen establecido en **2010**, diseñado específicamente para algunas universidades nacionales que enfrentaban deudas previsionales. El **Decreto 1571/2010** fijaba una tasa reducida del **10,17%** sobre la nómina salarial, de la cual un **8,67%** iba destinado al **Sistema Integrado Previsional Argentino** y un **1,5%** al PAMI. Este beneficio era aplicable a las universidades nacionales que, al 31 de diciembre de 2009, tenían registradas deudas bajo la normativa y que se habían incorporado a planes de regularización.
El régimen fue modificado en **2023** mediante el **Decreto 645/2023**, que alteró el artículo que regulaba la extinción del beneficio. Según este cambio, las universidades no pasan automáticamente a la alícuota general al finalizar su pago, sino que entran en un escalafón progresivo.
- Para las instituciones que salden sus deudas, la alícuota correspondiente a SIPA y PAMI es del **13,65%** en 2026.
- Sube al **14,52%** en 2027, al **15,39%** en 2028, al **16,26%** en 2029 y al **17,13%** en 2030.
- Desde el **1 de enero de 2031**, deberán aplicar las alícuotas generales correspondientes al sector público.
Este aspecto es crucial para las negociaciones actuales. En la **Universidad de Buenos Aires (UBA)** han señalado que el aumento que enfrentarán no es directamente a una carga del **24%**, sino a la escala progresiva establecida por el decreto. Esta universidad está a punto de finalizar su plan de regularización y busca evitar un incremento significativo en sus obligaciones salariales.
Un Acuerdo Más Amplio
El Gobierno está considerando utilizar esta situación para forjar un acuerdo más amplio. Afirman que están dispuestos a negociar una posible continuidad o modificación del tratamiento fiscal reducido a través de ARCA. Sin embargo, aún falta definir el porcentaje y el marco normativo que se implementará.
Desde la UBA han subrayado que las conversaciones son aún informales y que cualquier aumento en las contribuciones impactará directamente en sus finanzas, ya que cerca del **90%** de sus recursos se destinan a salarios.
La discusión no necesariamente implica a todas las universidades nacionales en las mismas condiciones, ya que el régimen del **Decreto 1571** se limita a aquellas que cumplían con ciertos requisitos relacionados con las deudas previsionales. Algunas han completado sus planes y ya están adaptándose al nuevo escalafón, mientras que otras continúan disfrutando de la alícuota reducida.
La **ministra de Capital Humano**, Sandra Pettovello, se reunió recientemente con **Sergio Romero**, secretario general de la **Unión Docentes Argentinos**, en un esfuerzo por avanzar en estas negociaciones.
Perspectivas Futuras
La Casa Rosada tiene la intención de incorporar este tema dentro de la discusión del **Presupuesto 2027**. Aunque reconoce la necesidad de aumentar los fondos para las universidades en comparación con el proyecto presentado al Congreso, rechazan alcanzar los aproximadamente **$11 billones** solicitados por el CIN.
El plan del Ejecutivo es enfocar el alivio en las contribuciones para cerrar parte de la brecha sin depender exclusivamente de mayores transferencias. Además, se busca modernizar la **Ley 27.795 de Financiamiento Universitario**. Luego de un primer intento fallido de avanzar durante las sesiones extraordinarias de febrero, ahora se pretende reinstaurar la discusión a la par del presupuesto y sustituir el esquema vigente por uno consensuado con los sectores universitarios.
Por último, la presión judicial también ha aumentado. Este miércoles, el juez **Martín Cormick** impuso multas de **$100.000** diarios al jefe de Gabinete, **Diego Santilli**, por incumplimiento de la orden judicial que obliga al Estado a actualizar los salarios y los fondos de becas. La medida cautelar sigue vigente mientras se tramita por separado la apelación del Gobierno contra el fallo.
La Casa Rosada busca simultáneamente cerrar los tres frentes: presupuesto, contribuciones patronales y disputas judiciales, con la meta de acordar un incremento de partidas para 2027, un tratamiento favorable de sus obligaciones previsionales, a cambio de modificar la Ley de Financiamiento Universitario.
