Máximo Kirchner impulsa un proyecto para reafirmar la expropiación de YPF

Directriz legislativa en defensa de YPF

Tras el pronunciamiento favorable de la justicia estadounidense respecto a la situación de YPF, Máximo Kirchner ha decidido presentar un proyecto en Diputados con el objetivo de reafirmar que la expropiación de la empresa, realizada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, constituyó «la recuperación de la soberanía hidrocarburífera». Esta iniciativa cuenta con el respaldo de once legisladores del kirchnerismo.

Contexto del proyecto

El proyecto de Máximo Kirchner surge en un contexto de tensiones políticas donde otros actores, como Javier Milei y Axel Kicillof, han expresado fuertes posturas sobre la anulación de la condena a Argentina en tribunales de Nueva York. En respuesta al fallo, Milei criticó duramente a Kicillof, acusándolo de ser «un inútil» y «corrupto», haciendo hincapié en que debieron corregir errores previos de su gestión.

Posturas encontradas

Kicillof, por su parte, defendió su gestión y refutó las acusaciones de Milei, subrayando que el Presidente «nunca defendió a YPF». A su vez, Cristina Kirchner también ratificó la decisión de recuperar YPF como un acto esencial para la soberanía energética de la nación.

Fundamentos del proyecto

• El proyecto enfatiza que la recuperación del 51% de las acciones de YPF en 2012 no fue solo un capricho ideológico, sino una necesidad para garantizar la energía del país.
• Se menciona que en 2011, la gestión de Repsol había llevado a Argentina a una crisis de reservas y a la pérdida del autoabastecimiento.
• Además, el proyecto critica cómo la jueza Loretta Preska intentó «castigar a la Argentina» por su postura autónoma frente a los mercados globales.

Asimismo, se apunta a la postura de Milei y Macri, sugiriendo que el actual gobierno no defiende adecuadamente a la nación si se basa en «el manual de las corporaciones». Desde el kirchnerismo, se señala que el único acto soberano de la presente administración es mantener la postura inicial de que la expropiación fue legal y pertinente.

Finalmente, se condena un acuerdo realizado por Macri en 2016, donde se pagaron 9.300 millones de dólares, lo que fue criticado como una priorización de intereses financieros sobre la soberanía nacional. Al concluir el proyecto, se espera que la reciente resolución judicial sirva como lección para que el gobierno entienda que la defensa de Argentina no se negocia por precio.