El Gobierno de Javier Milei flexibiliza la importación de maquinaria usada para impulsar la producción local
Actualización del régimen de importación de maquinaria usada
El Gobierno de Javier Milei ha implementado cambios significativos en el régimen de importación de maquinaria de producción usada dirigida a proyectos industriales, con el objetivo de fomentar inversiones y aumentar la competitividad de las empresas. Esta decisión se formalizó a través del Decreto 483/2026, publicado recientemente en el Boletín Oficial, que realiza una reforma exhaustiva al esquema establecido en 2016.
El Poder Ejecutivo justificó que, tras una década, era necesario actualizar la normativa para adaptarla a las actuales directrices de la política industrial y comercial. Los cambios introducidos buscan reducir demoras administrativas, simplificar procedimientos y aumentar las sanciones por incumplimientos.
Cambios clave en el régimen de importación
- Se extendió hasta 30 años la antigüedad permitida para maquinaria reconstruida o actualizada.
- El requisito de adquisición de bienes nacionales se redujo del 30% al 10% del valor FOB de la maquinaria importada.
- Se amplía el alcance del régimen, permitiendo la importación de líneas de producción y equipos complementarios.
- Se habilita la importación de equipos usados para el tratamiento de contaminantes, esenciales para operaciones industriales.
- Se abre la posibilidad de importar sistemas automatizados de almacenamiento, conocidos como «almacenes inteligentes».
Condiciones para las empresas solicitantes
A pesar de la flexibilización, las empresas que busquen beneficiarse de esta normativa deberán cumplir ciertas condiciones, tales como:
- Realizar compras de bienes nuevos de origen nacional por un monto equivalente a al menos el 10% del valor FOB de la maquinaria usada importada.
- Presentar un dictamen técnico realizado por un organismo cualificado, que evalúe las características del proyecto.
- Poner en marcha el proyecto en un plazo máximo de un año desde la aprobación, con posibilidad de prórrogas justificadas.
Agilidad en los trámites y sanciones por incumplimientos
El nuevo marco también establece plazos específicos para la administración, incluye mecanismos automáticos para evitar demoras y permite la obtención de una Constancia de Expediente en Trámite (CET) durante la revisión de la solicitud. Sin embargo, esto no garantiza la aprobación automática ni el acceso definitivo a los beneficios.
Las sanciones para quienes incumplan las condiciones se han endurecido; se prevé la ejecución total de las garantías en caso de no cumplir con rendiciones de cuentas o inversiones, además de sanciones económicas adicionales del 20% de los tributos no ingresados.
Finalmente, el decreto también aclara que estas nuevas disposiciones se aplicarán a expedientes aún abiertos, buscando unificar criterios y acelerar su cierre.
