Desmantelada una red de corrupción en Salta por la entrega ilegal de pensiones
Una red criminal descubierta en Salta
La provincia de Salta se encuentra en el centro de una investigación judicial que ha revelado una compleja red criminal dedicada a la tramitación ilegal de pensiones por invalidez. Esta situación ha sido objeto de escrutinio por la Unidad Fiscal Federal de Salta, que está coordinando la pesquisa. Este escándalo involucra a profesionales de la salud, funcionarios y operadores políticos en un esquema corrupto que otorgaba subsidios a personas sin discapacidades reales a cambio de favores electorales.
Origen de la investigación
La causa se inició en noviembre de 2024, tras recibir una denuncia preliminar que evidenció maniobras irregulares en el proceso de adjudicación de pensiones. En junio de 2025, la magnitud del caso llevó al fiscal federal a crear un equipo especial que incluía miembros de tres fiscalías descentralizadas. Con la ayuda de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” de Gendarmería Nacional, avanzaron en el entrecruzamiento de datos de beneficiarios del sistema previsional para detectar irregularidades.
Funcionamiento del esquema corrupto
Según la información obtenida, la actividad ilegal era coordinada por un exfuncionario municipal de una localidad en el departamento de Anta. Para llevar a cabo el esquema, utilizaron punteros políticos que se encargaban de identificar familias vulnerables o numerosas, prometiéndoles ayuda para obtener pensiones fraudulentas a cambio de su voto a favor de quienes facilitaban el acceso a estos beneficios.
Colaboración de profesionales de la salud
La red contaba con la participación activa de médicos, bioquímicos y enfermeros en estrecha colaboración con funcionarios políticos. Estos profesionales emitían certificados médicos falsos, utilizando diagnósticos repetidos como enfermedad de Chagas y alteraciones severas en la columna vertebral. La irregularidad culminaba en auditorías médicas locales, donde se validaban estos diagnósticos falsos para aprobar las solicitudes de pensiones.
Manipulación de documentos y pruebas
Las pruebas reunidas en la investigación indicaron que la organización utilizaba laboratorios propios para falsificar resultados clínicos y placas radiográficas. En varios expedientes, un mismo estudio era copiado y presentado para justificar discapacidades de diferentes beneficiarios. Adicionalmente, se detectó que funcionarios no médicos firmaban certificados de discapacidad, lo que intensificó las acusaciones en su contra.
Impacto y acciones judiciales
La investigación judicial, que se abrió en noviembre de 2024, reveló que el fraude en la tramitación de pensiones iba más allá de un simple interés económico; también estaba relacionado con la consecución de votos en elecciones. La última fase de esta pesquisa inició en septiembre de 2025, cuando el juez de Garantías N° 1 ordenó allanamientos en clínicas privadas, hospitales y domicilios particulares. Las operaciones resultaron en la recuperación de documentación crucial y soporte informático que corroboraron la existencia de la red.
Desarrollo reciente de la investigación
La recopilación de evidencias facilitó el inicio de imputaciones formales por delitos como asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El análisis de la documentación incautada abrió la puerta a una segunda etapa operativa, con nuevos allanamientos en localidades como Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal, donde se intervinieron en un total de nueve objetivos.
Nuevos hallazgos y progresos judiciales
Durante las operativos se encontraron radiografías de tórax y columna que pertenecían a diferentes individuos. De estas, el 90% mostraba desviaciones en la columna vertebral, muchas con espacios en blanco que debían completarse con los nombres de los pacientes. Se incautaron también estudios clínicos positivos para chagas, en su mayoría réplicas de estudios no originales. En una de las viviendas revisadas, las autoridades hallaron un conjunto de certificados médicos firmados por funcionarios no médicos, reforzando la idea de que el fraude estaba extendido y contaba con el apoyo de diversas instituciones.
El avance de la investigación es significativo, y las autoridades judiciales han confirmado que están evaluando las nuevas evidencias obtenidas, con el objetivo de formalizar la imputación de ocho individuos adicionales, entre los que se encuentran tres médicos y nuevos funcionarios políticos.
