La peligrosa cárcel de Perú donde se encuentra Pequeño J
Una difícil realidad carcelaria
Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, fue capturado en su país de origen tras evadir a la justicia argentina. En lugar de ser extraditado, su vida en las cárceles peruanas comenzó en el penal Cantera de Cañete, ubicado a 170 kilómetros de Lima, en el distrito de Nueva Imperial. Allí, permanecerá mientras se resuelve su situación legal, y enfrentará un entorno marcado por la violencia, el hacinamiento y unas condiciones de salud muy precarias.
Un infierno de hacinamiento
El joven de 20 años es acusado de ser el autor intelectual de tres homicidios. Un juez peruano ordenó su detención preventiva el 3 de octubre por un período de nueve meses. El penal, diseñado para albergar solo a 1,024 internos, actualmente tiene una población de 3,888 reclusos, lo que implica un hacinamiento superior al 260%.
Marisol Pérez Tello, ex ministra de Justicia y especialista en temas penitenciarios, explicó que el cálculo de capacidad carcelaria puede ser engañoso, ya que normalmente solo se cuentan las camas sin tener en cuenta el espacio vital y las condiciones de vida adecuadas. En Cañete, las soluciones para aumentar el número de camas no han mejorado la infraestructura.
La salud y la extorsión
El hacinamiento tiene consecuencias alarmantes, como la propagación de enfermedades infecciosas, destacando la tuberculosis. Anteriormente, las cárceles peruanas llegaron a concentrar hasta el 5% de todos los casos de tuberculosis en el país. Falta de espacio, mala ventilación y escasos servicios médicos agravan la situación.
Adicionalmente, en 2024 se reportaron casos de extorsión dentro del penal, donde algunos internos obligaban a otros a pagar entre 50 y 100 soles semanales por su «protección». Quienes se negaban eran severamente golpeados, y se han difundido videos que muestran el tráfico de drogas dentro de la prisión.
Esperando la extradición
El caso de Pequeño J no solo resalta la crítica situación de superpoblación, sino también la inadequación de los recursos en la cárcel para lograr la resocialización. Cada ‘unidad de albergue’ debería incluir condiciones básicas necesarias para el bienestar de los internos, como acceso a talleres y educación, cuyo objetivo es facilitar su reintegración a la sociedad.
Los criterios para clasificar a los internos pretenden diferenciarlos por su tipo de delito y otros factores, pero el actual estado del penal complica la efectiva aplicación de estas normativas. En el caso de Pequeño J, enfrenta severos cargos, incluyendo el de femicidio y tiene una solicitud de extradición en curso. Este procedimiento, en manos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sigue un proceso que puede ser lento y depende de varios factores.
A pesar de los objetivos del sistema penitenciario de humanizar y dignificar, la dura realidad de las cárceles peruanas dificulta su propósito de resocialización. Entre condiciones abrumadoras y riesgos constantes, Pequeño J espera el avance de su situación legal.
