El Gobierno Delegó la Concesión de Rutas Nacionales a Nueve Provincias
Delegación de Concesiones a Provincias Aliadas
El Gobierno nacional ha tomado la decisión de delegar a nueve provincias la capacidad de ofrecer concesiones de obras públicas para tramos de rutas nacionales. Las provincias que recibirán esta competencia son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Esta medida se oficializó con la publicación del decreto 253/2026 en el Boletín Oficial, y se plantea en un contexto en el que estas provincias están alineadas con el Ejecutivo nacional, con el que mantienen un diálogo activo y que ha sido clave en varias victorias legislativas.
Objetivos y Procedimiento de Delegación
La medida permitirá a estas provincias gestionar directamente la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los tramos de rutas nacionales localizados en su territorio, sin que esto implique la transferencia de la titularidad del dominio público o de la jurisdicción federal sobre los tramos afectados. El propósito es lograr una gestión más eficiente y cercana de la infraestructura vial.
- Las provincias podrán aprobar la documentación licitatoria.
- Convocarán a interesados y seleccionarán concesionarios.
- Suscribirán los contratos necesarios para la ejecución de las obras.
Todo el proceso deberá seguir los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero.
Convenios y Supervisión
Para ejercer estas competencias, las provincias tendrán que firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. Estos acuerdos establecerán los tramos de rutas nacionales a gestionar, los plazos de ejercicio de las competencias, el régimen de supervisión y auditorías, y la obligación de mantener indemne al Estado Nacional ante reclamaciones o daños que surjan durante la concesión.
La delegación de facultades será considerada temporal, funcional, limitada y revocable. El Gobierno nacional mantendrá la titularidad y podría reasumir la gestión si así lo establecen las circunstancias de interés público.
Según el decreto, los fondos obtenidos de la explotación de cada tramo concesionado solo podrán utilizarse para la construcción o conservación de ese tramo específico, no para obras en otros trayectos relacionados.
Plazos y Evaluación de Proyectos
Una vez que el convenio sea aprobado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, las provincias tendrán un plazo máximo de un año para comenzar el proceso de selección de concesionarios. Después de la adjudicación, deberán formalizar el contrato y otorgar la posesión a la empresa concesionaria en un plazo de noventa días hábiles.
Si no se cumplen los plazos establecidos para la convocatoria o adjudicación, la delegación se retirará automáticamente. En caso de que el contrato de concesión termine por cualquier motivo, la gestión y el mantenimiento regresarán al Estado nacional.
Supervisión y Posibles Nuevos Convenios
La supervisión y auditoría de los contratos de concesión serán responsabilidad de la Dirección Nacional de Vialidad. La decisión de descentralizar la gestión de ciertos tramos responde al interés de diversas jurisdicciones en asumir un papel más activo en la administración vial de sus territorios.
Si otras provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desean obtener facultades similares, podrán hacerlo mediante solicitud al Ministerio del Interior, que evaluará la pertinencia y viabilidad de acuerdo a los criterios del decreto. El Ministerio de Economía tendrá la facultad de emitir normas aclaratorias cuando sea necesario.
Esta iniciativa se enmarca dentro de un contexto de reorganización administrativa y busca mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión pública, con el objetivo de optimizar la infraestructura vial y mejorar la seguridad en el transporte.
