El Gobierno impulsa una reforma a la Ley de Semillas y refuerza controles
Reforma a la Ley de Semillas en marcha
El Gobierno de Argentina está avanzando con una reforma de la Ley de Semillas y se encuentra preparando una resolución destinada a fortalecer los controles previos a presentar un proyecto formal ante el Congreso. Esta iniciativa ha sido mencionada por Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias, y las autoridades han iniciado diálogos con entidades del campo y del sector semillero.
Mesas de trabajo y próximas reuniones
El tema se está abordando en una mesa de trabajo que incluye al Gobierno, representantes de la producción y organizaciones conectadas con las semillas. La siguiente reunión está programada para el 9 de junio, donde se espera acercar posturas antes de que se inicie la discusión legislativa. Por ahora, el plan oficial consiste en implementar una resolución de fiscalización antes de avanzar con la reforma legislativa.
Objetivos de la reforma
Entre las metas de este movimiento se encuentra la necesidad de organizar un espacio que una la productividad agropecuaria, la propiedad intelectual, el uso propio de semillas y una mayor supervisión estatal. El Gobierno argumenta que es esencial actualizar el marco normativo para fomentar inversiones en biotecnología y el desarrollo de nuevas variedades. Sin embargo, también reconoce que este tema generará negociaciones delicadas con productores y entidades rurales.
Contexto de la Ley de Semillas
La actual Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, sancionada en 1973, se caracteriza por mantener un equilibrio que es defendido a capa y espada por el sector agrícola: reconoce los derechos de los obtentores, pero permite el uso propio, lo que significa que un productor puede reservar una parte de su cosecha para volver a sembrarla en el próximo ciclo. Este aspecto es fundamental en el debate.
Implicaciones del acuerdo comercial con EE. UU.
La discusión se ha intensificado a raíz del acuerdo comercial con los Estados Unidos, que busca establecer estándares más rigurosos en la protección de la propiedad intelectual. Dentro de este marco, surge el debate sobre el UPOV-91, un convenio internacional que amplía los derechos de los obtentores vegetales. Actualmente, Argentina está bajo la normativa del UPOV-78, considerada más flexible para los productores.
Perspectivas de los semilleros y entidades agropecuarias
Los semilleros y empresas de innovación argumentan que el régimen vigente desalienta la inversión en nuevas variedades y limita la llegada de tecnología al país. Aseguran que la falta de una protección efectiva restringe la capacidad de mejorar los rindes y de competir con naciones con regulaciones más estrictas en materia de propiedad intelectual vegetal.
Posturas de la Mesa de Enlace
Por otro lado, las entidades agropecuarias presentan una mirada distinta. La Mesa de Enlace está dispuesta a dialogar sobre la actualización de la ley, pero busca preservar el uso propio y evitar un esquema que derive en pagos múltiples o en una excesiva transferencia de renta hacia los obtentores. En su propuesta, abogan por mantener el uso propio gratuito hasta un límite de superficie y establecer reglas claras para los casos de uso propio que implique costos.
Propuestas de los productores
- Se discute un límite de 500 hectáreas para mantener el uso propio gratuito; más allá de este límite, se consideraría el esquema de pago solo sobre la superficie excedente.
- Se evalúan el número de años para la multiplicación y el alcance de las regalías.
- Se revisará el papel del Estado en la fiscalización y los mecanismos para evitar abusos contractuales.
Nueva resolución y fiscalización
El Gobierno busca reforzar la fiscalización a través de la nueva resolución, enfocándose en el origen legal de las semillas, la trazabilidad, y el cumplimiento de las obligaciones actuales. Se pretende reducir la informalidad del mercado y limitar la venta de semillas fuera de los circuitos declarados, comúnmente denominadas “bolsas blancas”.
Papel del Instituto Nacional de Semillas
El Instituto Nacional de Semillas será crucial en este esquema, encargado de aplicar la ley, inscribir cultivares, fiscalizar la producción y comercialización, y proteger las creaciones fitogenéticas. El sector agrícola reclama que cualquier cambio legal esté respaldado por un INASE que cuente con la capacidad real de control, reglas claras y mecanismos que no carguen excesivamente a los productores.
Próxima reunión como termómetro del avance
La reunión programada para el 9 de junio será determinante para evaluar el progreso alcanzado. El Gobierno manifiesta su intención de mantener a representantes de la producción y de la industria semillera en la misma mesa de diálogo, aunque reconocen que persisten diferencias en varios puntos. Las entidades rurales exigen que el texto que se lleve al Congreso sea resultado de un consenso y no una imposición unilateral del Ejecutivo.
