De policía a reclutadora: el caso de Griselda Inés Ortiz y la guerra en Ucrania

Una mujer en medio del conflicto

Griselda Inés Ortiz, una ex policía de la Bonaerense de 45 años, se ha encontrado en el centro de la controversia por reclutar ciudadanos argentinos para luchar en Ucrania contra Rusia. A través de sus redes sociales, Griselda presentaba la experiencia de ir al campo de batalla como una aventura heroica, atrayendo a muchos jóvenes con una oferta económica irresistible: 1.000 dólares al mes y, si la situación exigía estar en la primera línea de fuego, un bono de 700 dólares.

Para poner esto en perspectiva, cuando ella solicitó su baja de la Bonaerense, su salario era de aproximadamente 1.200.000 pesos al mes, por lo que se vio tentada a buscar mejores oportunidades en la guerra, donde obtuvo mayores ingresos al unirse al combate a finales de 2025.

Un negocio turbio

Además de participar en el campo de batalla, Griselda pasó a desempeñarse como reclutadora. Según evidencias que llevaron a la detención del fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, Griselda y su pareja, Jorge Alberto Otero, estaban enviando grupos de entre 10 y 15 personas a Ucrania, utilizando fondos aún no esclarecidos para cubrir el costo de los pasajes. Los viajes eran sin retorno, y la estancia mínima era de seis meses; aquellos que deseaban regresar enfrentaban amenazas de deserción o debían abonar 2.500 dólares como indemnización.

Lo alarmante es que muchos de los reclutados no contaban ni con teléfonos móviles, pues había temor de que sus comunicaciones fueran interceptadas por el enemigo. La mayoría no recibía un contrato claro antes de viajar; este en realidad comprometía a los interesados a unirse a una fuerza especial de apoyo a las tropas ucranianas durante un período de tres años. Algunos de los reclutados eran ex militares o miembros de fuerzas de seguridad, pero había también jóvenes sin experiencia que no eran conscientes del peligro que enfrentaban.

Operativo de captura

Griselda no fue arrestada en el frente de batalla, sino en su residencia en Tigre, donde vivía tras solicitar su baja de la policía el 11 de marzo de 2026. Había estado en la Bonaerense durante nueve años sin incidentes, comenzando su carrera en el 2015 en la Policía Local, donde recibió un premio por buen desempeño en 2022.

Como madre de cinco hijos, la experiencia en Ucrania al parecer transformó su vida de diversas maneras. Jorge Alberto Otero, su pareja y también ex policía federal, se convirtió en un socio clave en su negocio de reclutamiento.

Alerta Internacional

La problemática del reclutamiento de jóvenes argentinos ha llamado la atención de las autoridades, y el Alerta Morada de Interpol Colombia fue emitido el 23 de julio. La circular detalla un modus operandi en el que se utilizan ofertas laborales engañosas para trasladar a jóvenes a zonas de conflicto, ocultando la naturaleza real de estas actividades y reteniendo documentos importantes.

La situación de Griselda Ortiz es solo uno de los nueve casos que están siendo investigados por la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Estos casos se están tramitando principalmente en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, debido a que allí se ubica el Aeropuerto de Ezeiza. Sin embargo, se han reportado problemas similares en otras provincias como Tucumán y Santa Fe.

La Cancillería Argentina se ha mantenido atenta a la situación, recibiendo informes de ciudadanos argentinos que han pedido ayuda en Ucrania al encontrarse en situaciones difíciles. Desde el inicio del conflicto, se estima que alrededor de 27.000 extranjeros han sido reclutados, lo que incluye a muchos latinos. Los fiscales han advertido sobre la necesidad de implementar medidas de detección y prevención frente a esta modalidad delictiva, que podría estar organizada a nivel transnacional.