Empleada del Poder Judicial es denunciada por múltiples estafas laborales
Empleada judicial bajo la lupa por estafas millonarias
Gisela S., de 40 años y trabajadora del Poder Judicial de Misiones, ha sido señalada como la principal sospechosa en un caso que involucra presuntas estafas a 17 personas por un total superior a 9,5 millones de pesos. Las acusaciones apuntan a que ofrecía empleo en organismos públicos bajo falsas promesas.
Metodología de las estafas
Según la investigación dirigida por el fiscal René Casals, Gisela se comunicaba con las víctimas a través de WhatsApp entre marzo y mayo de 2026, prometiéndoles puestos de trabajo en la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto de Macroeconomía Circular (anteriormente conocido como Ifai) y la Municipalidad de Posadas, entre otros entes gubernamentales.
- Exigía pagos de aproximadamente 500 mil pesos por contratos temporarios.
- Para ingresar a planta permanente, solicitaba un millón de pesos.
Además, requería que las víctimas hicieran transferencias a su nombre, enviaran fotografías de documentos personales y mantuvieran una comunicación constante en la cual aseguraba que las contrataciones se llevarían a cabo pronto.
Consecuencias para las víctimas
La mayoría de los afectados son residentes de la zona oeste de Posadas y se encontraban en situaciones vulnerables debido a la falta de empleo. Desesperados por conseguir trabajo, algunos de ellos realizaron estos pagos mediante diversas estrategias, como vender animales de cría, materiales de construcción o solicitar préstamos informales.
Una de las denunciantes realizó una transferencia significativa de dinero que involucraba a sus dos hijos mayores. A mediados de mayo, Gisela se reunió personalmente con varios de los afectados, donde reafirmó sus promesas. Sin embargo, ante la falta de noticias de los organismos públicos, los perjudicados se dieron cuenta de que no había gestiones reales.
Al iniciar los reclamos por los pagos, la sospechosa pidió nuevas transferencias bajo la promesa de devolver el dinero una vez que un supuesto superior le reintegrara los fondos, pero poco después dejó de contestar.
Formalización de la denuncia
La denuncia fue presentada formalmente el 23 de junio. El abogado Federico Padolsky, que representa a los afectados y que solicitó constituirse como querellante particular, proporcionó al expediente conversaciones de WhatsApp y documentos de las transferencias bancarias.
Entre los mensajes figuran declaraciones como: “Junten el máximo (de dinero) que puedan y así poder darles posibilidades a todos ustedes que pasen a planta (permanente)” y “Buenos días señor, usted quédese tranquilo que para fin de mes va a firmar y poder cobrar su primer sueldo”. Padolsky enfatizó que los afectados “literalmente vendieron todo lo que tenían para poder tener esos trabajos” y que la acusada se dirigió a personas en situaciones complejas.
